El Tribunal Supremo reprende a la DGA por la arbitrariedad en la concesión o denegación de las subvenciones a los pueblos aragoneses. Una sentencia del alto tribunal da la razón a Pina de Ebro y a Puente la Reina que acudieron a los tribunales ante la negativa por parte del Gobierno aragonés, que en ese momento dirigía el PP, de una subvención de un millón de euros, alegando la falta de dinero. Los magistrados consideran que la DGA no argumentó el rechazo, al tiempo que considera que debía de haberse repartido el dinero disponible en el porcentaje correspondiente, que hubiera evitado que alguna localidad se quedara sin dinero.
