En nuestro país, si nos guiamos por las informaciones que recibimos, o por los debates que se generan, los problemas cotidianos o no existen o se resuelven sin ninguna dificultad. Sin embargo hablar del tripartito catalán y sus diferencias, del tres por ciento, del plan Ibarretxe, de los efectos en la política exterior, y un sinfín de temas parecidos, nos llena horas y páginas de discusión.
Ahora bien ver cómo se puede resolver o explicar la solución de problemas cotidianos de ir por casa y que afectan a personas con dificultades, merece la atención de segundos radiofónicos y escasos renglones en la prensa.
La subida de pensiones, el efecto de SMI (Salario Mínimo Interprofesional) son ejemplos de ello, corroborados por la reforma del SOVI (Seguro Obligatorio de Vejez e Invalidez) producida el pasado 16 de marzo en la comisión de Trabajo y Asuntos Sociales del Congreso de los diputados, con el consenso de todos los grupos y una afección muy importante: ochenta mil mujeres que tuvieron que renunciar a esta pensión para poder cobrar la de viudedad, podrán ahora compatibilizarla. Cuestiones como ésta, incluidas en programas electorales, suelen desaparecer con el tiempo en la marea informativa o en el olvido del gobernante.
Esta injusticia se viene arrastrando desde el año 1974, momento en el que una reforma legislativa de entonces hizo incompatible la percepción del SOVI del año 1940 con la prestación de pensión de viudedad. Es decir, en los últimos años, 80.000 mujeres, de las 359.555 que cobran el SOVI, han tenido que decir no a su pensión para tener la de viuda, con lo que esto supone de empobrecimiento generalizado, unido a la rabia de perder una pensión que se había ganado fruto de su trabajo.
POR ESO, recuperar la pensión SOVI no sólo tiene el valor económico de poder compatibilizarla con la de viudedad hasta llegar a los 877,42 euros. Es que, sobre todo, supone enmendar una injusticia social tremenda, sobre todo si tenemos en cuenta que el trabajo de muchas de estas mujeres quedó truncado por el matrimonio, momento en el que muchas de ellas dejaban el trabajo para crear y cuidar una familia en la que no sólo entraban los suyos sino que se agregaban padres, suegros y/o algún hermano. Todos ellos eran parte de los argumentos que en la sociedad de entonces pesaban para que la mujer eligiera dejar el trabajo remunerado.
Hasta no hace tantos años, ya en la etapa democrática, algunos convenios y acuerdos de empresa contemplaban la triste "dote matrimonial", es decir una paga por despido para aquellas mujeres que teniendo un puesto de trabajo lo dejaban voluntariamente al casarse.
La evolución social, los ajustes económicos y las mayores necesidades de los tiempos actuales han hecho que algunas de estas mujeres se reencuentren con un puesto de trabajo, aunque realmente pocas si tenemos en cuenta el número de pensiones SOVI.
Estas mujeres que dejaban el trabajo remunerado y pasaban a engrosar la empresa invisible del trabajo en la familia, sin límite de jornada y con cargas de todo tipo, al llegar a la jubilación se han encontrado desprotegidas socialmente al tener que depender del marido o de la pensión de viudedad, en caso de la pérdida personal.
Es una pensión que en la mayoría de los casos es totalmente insuficiente, sobre todo cuando la mujer no tiene otros ingresos, como es el caso de la inmensa mayoría de las viudas de más de 65 años en nuestro país.
ES DECIR, aquel trabajo que realizaron, probablemente en plena juventud, no les servía para la vejez. Ni tampoco los años dedicados al desarrollo y crecimiento de todos y cada uno de los miembros de su familia como madre. Ser viuda le daba una exigua pensión que al incompatibilizarla con la generada por su trabajo juvenil certificaba en propia carne la realidad de una sociedad y una legislación injustamente discriminatoria. Una vez más en esa dura vida estaban obligadas a elegir.
En las últimas legislaturas, la mayor parte de los grupos de la oposición ya plantearon diversas iniciativas para conseguir esa justa posibilidad de compatibilizar ambas, pero el gobierno no permitió que saliera adelante. El pasado 16 de marzo, de manera unánime, aprobamos esta reforma que viene a enmendar una injusticia de las muchas que deberíamos eliminar entre todos. ¡Bienvenida sea!
*Diputado por Zaragoza del Grupo Socialista
