La protección de la salud es un derecho fundamental, establecido en la Declaración de Derechos Humanos de 1948 y recogido por la Constitución. Es un derecho social que exige una ley para poder existir y es lo que se propone el Gobierno con su proyecto de investigación biomédica. Tiene que ser una ley laica, o sea, que la decisión política no tiene por qué coincidir con la doctrina católica, sino que ha de tener en cuenta los puntos de vista que emite la ciencia, la ética, la antropología, la religión y la opinión pública. El proyecto de ley autoriza la clonación terapéutica dentro de ciertas condiciones, es decir, permite la obtención de células madre a partir de embriones humanos sobrantes, prohibiendo la creación por vía artificial de embriones con fines únicamente de investigación. Esta distinción es fundamental, pues autoriza la clonación para curar pero no para saber más y se reutilizan embriones existentes pero no se permite crearlos científicamente. La diferencia filosófica es fundamental: una cosa es que el hombre investigue para curar sus males y otra que sea un mero material de investigación. Estas prácticas médicas deberán contar con el acuerdo de una comisión de ética. Pese a estas cautelas, habrá quien se oponga alegando que la obtención de células madre acarrea la destrucción de embriones. Es una opinión respetable pero ni la ciencia ni la filosofía la comparten. Esta ley pone la investigación biomédica al servicio de los enfermos, y pone condiciones para primar la salud, no la aventura científica.
