Empezó en febrero y mañana se confirma: la O del FROB (Fondo de Reestructuración Ordenada Bancaria) ha pasado de significar actuar con orden a actuar por orden. El decreto ley de febrero, y el espíritu que desprendía, como se encargaron de confirmar, por separado, la vicepresidenta Elena Salgado y el gobernador del Banco de España, Miguel Ángel Fernández Ordóñez, era claro: se acabó el periodo de gracia para que las cajas de ahorro buscaran un modelo propio para los próximos decenios. Todas, por sí o en compañía de otras, tenían que convertirse en bancos.

Podían elegir si era saliendo a bolsa, buscando a un inversor que las comprara o recurriendo temporalmente al préstamo público (el FROB), que a la larga acabará buscando quien le sustituya en el capital. Esto último es irreversible, se verá en los próximos cinco años.

CaixaBank es la única que ha podido marcar sus propios plazos, hasta proceder a la transubstanciación de Criteria en este nuevo banco sin que cambie la sustancia, La Caixa como titular del banco, de la filial (Grup Caixa) donde se acomoda la indigesta división de inmuebles, y la Obra Social. Ha sido la excepción, pese que podía ser una de tantas de una regla común que se propuso hace años y que nadie atendió.

La historia de las cajas ha sido una historia de éxito, tal como explicó en un libro (El éxito de las cajas de ahorros, Ariel), en el 2005, el catedrático Joan Cals. Hoy el retrato español es el que es. Se pasa de 45 cajas a 18 por reagrupación con distintas fórmulas. En el mejor de los casos, se perderán 14.000 empleos de 124.000 y 2.500 oficinas de 24.000. Peor ha sido el capítulo de beneficios: de los 11.000 millones del 2007 a los 2.000 del 2010. Para hacerse una idea, lo destinado a obra social, anualmente, llegó a ser de 2.000 millones. Hoy la mejor parte se la llevan las provisiones por la pérdida del valor de las inversiones en inmobiliario y la morosidad de los hipotecados.

Lo más llamativo, no obstante, es el silencio general ante la desaparición nada menos, de la mitad de las finanzas españolas de gobierno público. El problema es haber confundido lo público con lo político, y lo político con lo partidista. Primer fallo, por tanto, de control de las cajas por uno de sus órganos de gobierno, las asambleas (por otro lado, inaccesibles para la prensa). Segundo, la peor politización: quien debía regular e inspeccionar, los gobiernos autonómicos, preferían intervenir, repartir poltronas y aceptar los favores y préstamos ventajosos del gestor de turno. Un pésimo modelo de connivencia, que ahora se paga.

EL SEGUNDO FALLO colectivo de las cajas españolas ha sido el espíritu sanferminero en que todos corren pero pocos saben dónde está el toro y cómo capearlo. La expansión geográfica fuera del territorio natural, con reducción del margen de beneficio para captar clientes (depósitos mejor retribuidos, préstamos más baratos), fue la opción generalizada y, al final, equivocada. Descuidaron la ratio básica del negocio: numerador, los recursos propios; denominador, el riesgo en préstamos e inversiones.

La paletada final a la gestión pública del ahorro es de sobras conocida: la concentración del negocio en el sector del cemento, raíz de otros vocablos de fácil evocación, como cementerio. Periodista