Setenta y cinco años después del inicio de la guerra civil española todavía sigue abierto este capítulo trágico del pasado. Las iniciativas legislativas sobre la recuperación de la memoria de las víctimas, la localización y dignificación de los restos, la condena de la dictadura franquista, la perduración de la simbología del régimen... resultan claramente insuficientes para dar satisfacción al duelo contenido durante décadas por las familias afectadas y la humillación padecida por aquellos que combatieron la dictadura.

Incluso en el tema del Valle de los Caídos, mausoleo construido por presos republicanos que alberga el cuerpo del dictador, Francisco Franco, y donde fueron trasladados miles de restos de soldados republicanos y franquistas que en la actualidad se encuentran en un estado deplorable, el Gobierno que preside José Luis Rodríguez Zapatero, a pesar de la reciente creación de una comisión de expertos, ha sido incapaz en los últimos meses de tomar las decisiones adecuadas para reconvertir el valle tal como dispone la ley de la memoria histórica.

NORMALIZACIÓN // No hay duda de que la intransigencia del PP a eliminar la distinción entre vencedores y vencidos que impuso la dictadura no ayuda a normalizar lo que sería normal en cualquier Estado de derecho y democrático. Tampoco ayuda el apoyo que determinados medios han dado a panfletos legitimadores del franquismo, pura segregación ideológica neofascista, que se pretenden hacer pasar por historias de la guerra civil y el franquismo, obviando, en cambio, las aportaciones académicas basadas en fuentes consistentes y hechos reales.

Resulta lamentable que todavía hoy el recuerdo de la guerra civil española siga siendo un motivo de pugna política en nuestro país y se utilice como ariete demagógico para desgastar electoralmente al contrario. Y es, además, un tremendo error dejar que el pasado condicione el presente por la incapacidad de cerrar este capítulo trágico de la historia con el reconocimiento institucional, mediático y social que se merecen todas las víctimas de aquel conflicto. Por dignidad y respeto a los derechos humanos los ciudadanos de una sociedad democrática no deberían consentir que decenas de miles de sus antepasados reposen todavía en fosas comunes olvidadas en los márgenes de caminos, campos, bosques o cementerios.