La ley de igualdad tiene sus absurdos. Acaba de ocurrir con el aplazamiento del Premio Nacional de Cine por la falta de paridad en el jurado que debía conceder el galardón. Cuando comenzó la reunión, el responsable del Instituto de Cinematografía y Artes Audiovisuales se apercibió de que en la mesa se sentaban tres mujeres y nueve varones. ¿Por qué semejante rigor si la mayoría de miembros del jurado no se representaba a sí mismo, sino a un colectivo de interés? Las cuotas obligatorias para un jurado profesional, en un escenario legal de libre asociación, son a todas luces un exceso innecesario.
