Las compañías aéreas baratas lo son para los pasajeros pero no necesariamente para las arcas públicas en tiempos de crisis. Se vio recientemente en Cataluña, donde la Generalitat se desprendió de los compromisos adquiridos con alguna de estas firmas que operaba en el aeropuerto de Reus. ¿Puede pasar ahora algo parecido en Zaragoza, tras el anuncio del ayuntamiento de que dejará de aportar progresivamente los más de dos millones anuales a la sociedad de gestión del aeropuerto que comparte al 50% con el Gobierno de Aragón? La patata caliente está ahora en el tejado de la DGA, cuyo consejero de Obras Públicas y Transportes, Rafael Fernández de Alarcón, habrá de tomar la decisión de seguir adelante asumiendo las ayudas en solitario en el 2012 o si se descuelga también de las aportaciones a la empresa de promoción del aeropuerto.
