La alianza PP-PAR para la gobernabilidad de las principales instituciones aragonesas tras el 22-M dio sus últimos frutos esta semana con la constitución de las comarcas. Con excepciones apenas testimoniales, los partidos de centroderecha han funcionado como un rodillo, han hecho cuerpo y caminan de la mano no solo en las instituciones más visibles, con la DGA a la cabeza, sino también en segundos y terceros niveles de la administración. Han tocado poder, y mucho. Aún hay quien no se explica la facilidad con la que Luisa Fernanda Rudi y José Ángel Biel se han puesto de acuerdo para repartirse el botín autonómico, provincial y local. Pero cada día que pasa se evidencia que el matrimonio está muy anclado y puede darse ya por segura una entente electoral para las elecciones generales entre PP y PAR con la que éstos últimos aspiran a recuperar la presencia de diputados o senadores aragonesistas en Madrid.
Analizado con más profundidad, hemos asistido en Aragón a un acuerdo de hondo calado que en la práctica supone la configuración de un escenario muy sólido, muy seguro y muy duradero para el centroderecha aragonés. Merced al acuerdo, el PP se asienta con mucha potencia en las capitales menos en Zaragoza, en la mayoría de municipios más poblados y en las diputaciones provinciales, salvedad hecha de la de Huesca. El PAR, por su parte, centra su futuro político en los núcleos menos poblados, en su red de alcaldes tradicionales y en las comarcas, obteniendo merced al pacto el gobierno de comarcas importantes a pesar de no ser la fuerza mayoritaria e incluso de estar muy lejos de conseguirlo. Todo en un escenario de previsible cambio político en Madrid, con un Mariano Rajoy que ya recogió los frutos de su política contemplativa y obstruccionista y que espera las elecciones generales como una segunda vuelta de las municipales y autonómicas.
Por ejemplo, los aragonesistas gobernarán territorios tan potentes como el Bajo Cinca, La Jacetania o La Litera con cuatro de los 25 consejeros comarcales. También han obtenido, a pesar de estar lejos del número de representantes de PSOE o PP, la presidencia de comarcas como La Hoya de Huesca, Los Monegros, el Bajo Aragón Caspe o el Matarraña. El pacto apenas ha dejado de funcionar en La Ribagorza, donde PP y PSOE se han unido contranatura para aislar al PAR, primero en el Ayuntamiento de Benasque y ahora en la institucional comarcal.
Los socialistas más crédulos, aquellos que justificaban la equidistancia preelectoral pregonada por los aragonesistas, han entrado de bruces en la realidad sin entender muy bien cuán engrasado estaba el pacto entre el PP y el PAR. Expulsados de un buen número de instituciones por los nuevos aliados, los socialistas han de recomponerse rápidamente desde aquellos ayuntamientos que han sido capaces de conservar, con el de Zaragoza a la cabeza, desde la diputación provincial de Huesca y desde un grupo parlamentario de las Cortes que debe tener más pulso. Qué sentido tiene que esta semana, haya tenido que ser el exconsejero de Obras Públicas, Alfonso Vicente, quien saliera a defender el plan Red que el nuevo responsable de Hacienda, Mario Garcés, quiere derogar parcialmente. Maniatado por su papel institucional como miembro de la Mesa de las Cortes, el socialista se equivocó con sus argumentos y perdió de vista el fundamental. El plan Red es en el fondo un invento del PAR, y en concreto del director general de Carreteras de la DGA saliente, Antonio Ruspira, que ahora se llama andana cuando hace solo unos meses aspiraba al nobel en ingeniería por semejante hallazgo.
El pacto abre un nuevo escenario político en Aragón que obliga al PSOE a agruparse con los partidos que tiene a su izquierda, tanto Chunta como Izquierda Unida. Y no solo porque de ellos dependa la gobernabilidad de la institución más visible que han conservado, el Ayuntamiento de Zaragoza, sino por una cuestión de mera supervivencia. El acuerdo antinatura entre socialistas y aragonesistas ha durado lo que ha durado, pero con la marcha de Marcelino Iglesias se produjo un vacío que, ampliado por el vuelco electoral de mayo, abre un escenario nuevo. Eva Almunia, que ha jugado a emular a su predecesor en sus relaciones con el PAR, ha de entender esta realidad y establecer un nuevo marco de relación con los aragonesistas. Como dejó muy claro en el debate de investidura de la nueva presidenta, el portavoz parlamentario del PAR, Alfredo Boné, se abre una etapa totalmente nueva.
Mientras los socialistas se recolocan y digieren la nueva realidad del mapa político aragonés, se corre el riesgo de que la pugna política, legítima y necesaria, se traslade a un enfrentamiento permanente entre el Gobierno de Aragón y el Ayuntamiento de Zaragoza. Esta semana ya se ha esbozado la primera polémica seria a cuenta del convenio que ambas instituciones mantienen para la promoción del aeropuerto de la capital. Mientras el alcalde, Juan Alberto Belloch, tiene claro que la prioridad en este momento es atender el pago a las pymes y a las asociaciones locales y anuncia que abandonará la sociedad mixta, desde la DGA se replica al consistorio que cumpla sus compromisos para subvencionar vuelos baratos. El caso puede parecer anecdótico, pero si los desencuentros de esta naturaleza van al alza, el verdadero perjudicado acabará siendo el ciudadano. Urge una cumbre entre el alcalde de Zaragoza y la presidenta de la DGA, solicitada por el primero, en la que se sienten las bases de un entendimiento leal y fructífero. Es importante que todos los actores se recoloquen tras un cambio tan profundo en la política aragonesa como el vivido en estos dos meses de cambio institucional.
