Cuando el pasado 21 de julio el Congreso de los Diputados aprobaba la Ley de Actualización, Adecuación y Modernización del Sistema de la Seguridad Social que retrasa la edad de jubilación a los 67 años, culminaba en España un proceso que, como señalaba la economista Miren Etxezarreta, no solo afecta a la UE sino que tiene una dimensión planetaria y cuyos aspectos esenciales figuraban ya en un informe que elaboró el Banco Mundial (BM) en el año 1994.
Este proceso regresivo de reforma de las pensiones ha venido acelerado como consecuencia de la crisis global y de las políticas de ajuste antisocial impulsadas por el FMI, el BM y la Comisión Europea, las cuales han sido aplicadas diligentemente por el Gobierno Zapatero, de igual modo que lo seguirán siendo en el previsible Ejecutivo que lidere Rajoy en un futuro inmediato. En este sentido hay que situar el llamado Pacto por el Euro aprobado por el Consejo Europeo el pasado 25 de marzo. Este pacto, a pesar de tener como objetivo "responder a la crisis, preservar la estabilidad financiera y establecer fundamentos de un crecimiento inteligente, sostenible, socialmente integrador y creador de empleo", supone en la práctica una serie de medidas profundamente antisociales: con el pretexto de "impulsar la competitividad" se reducen los salarios de los trabajadores; con el pretexto de "impulsar el empleo" se fomenta la flexiseguridad y la reducción de las cotizaciones sociales; con el pretexto de "reforzar la estabilidad financiera" se opta por privatizar las cajas de ahorros, el control de la deuda pública y la coordinación de las políticas tributarias.
Además de los citados, un cuarto objetivo pretende "contribuir en mayor medida a la sostenibilidad de las finanzas públicas" recalcando la necesidad de aplicar el Pacto de Estabilidad y Crecimiento que obliga a reducir los deficits públicos por debajo del 3% del PIB. Para lograrlo, se insta a reformar el sistema de pensiones, la sanidad pública y las prestaciones sociales. Todo ello, supone, como señala el economista Juan Torres, "debilitar el sistema público de pensiones y así favorecer la progresiva privatización de las empresas y servicios públicos".
Así las cosas, resulta inaceptable, ética y políticamente, que estas medidas de ajuste de las finanzas públicas se hagan pesar sobre las rentas del trabajo y no sobre las del capital, ignorando por completo los principios constitucionales de progresividad fiscal. En el caso de la reforma de las pensiones, es evidente que el objetivo último de estas políticas es luchar contra el gasto público destinado a suministrar bienes y servicios sociales a la población con ingresos más bajos para justificar de esta forma su conversión en un negocio privado. De hecho, el célebre Manifiesto de los Economistas Aterrados (septiembre 2010) firmado por Philippe Askenazy, Thomas Coutrot, André Orléan y Henry Sterdyniak, criticaba las políticas neoliberales de "reducir los gastos para reducir la deuda pública" puesto que su aplicación rigurosa supone no solo el agravamiento de la crisis económica sino, también, el aumento de las desigualdades sociales. En consecuencia, proponen mantener los niveles de protección social e incluso mejorarlos.
De la misma opinión son Mark Weisbrot y Juan Montecino que, en su trabajo Alternativas a la austeridad fiscal en España, destacan la falsedad de que, para aliviar la deuda, sea suficiente con limitar el gasto público puesto que, con ello, sólo se consigue aumentar el malestar social y, también, la falta de recursos públicos al reducir la actividad económica y, con ello, la generación de ingresos para el Estado, perpetuando de este modo los desequilibrios presupuestarios. Por su parte, Joseph Stiglitz advierte que reducir el gasto público responde al intento neoliberal de "debilitar las protecciones sociales, reducir la progresividad de los impuestos y disminuir el papel y las dimensiones del Gobierno".
Resulta obvio que el Pacto del Euro es un pacto contra los trabajadores europeos pues, además de precarizar el empleo, pretende reducir las pensiones y demás prestaciones sociales propias del Estado del Bienestar. De este modo, como señalaba Juan Torres, el Pacto del Euro es "un torpedo hacia la línea de flotación de la Europa Social" mientras que, por el contrario, se exime de toda responsabilidad a los verdaderos culpables de la crisis: la banca internacional y los grandes fondos especulativos. Cada vez más se desvelan con toda su crudeza las imposiciones de una dictadura económica que vulnera todos nuestros valores y principios democráticos. Ni el PSOE actual ni mucho menos el PP cambiarán el draconiano rumbo marcado por el Pacto del Euro. Lamentable resulta comprobar cómo los partidos y gobiernos socialistas y socialdemócratas (Zapatero y Rubalcaba incluidos) han asumido dócilmente las medidas de ajuste financiero y recortes sociales que nos impone la dictadura de los mercados y con ello se han sumado a la tarea de demolición controlada del Estado del bienestar y de la Europa Social. El recordado Juan José Carreras, profesor de Historia Contemporánea en mis años universitarios, aludiendo a la tarea histórica de la socialdemocracia, decía que esta, en vez de ser "el sepulturero del capitalismo", se había convertido en "su médico de cabecera". Ya lo había advertido Rosa Luxemburgo al señalar que si la socialdemocracia no aprendía de sus errores, desaparecería "para dejar lugar a los hombres que estén a la altura de un nuevo mundo". De no cambiar las cosas será la ciudadanía la que pase directamente a la acción.
Fundación Bernardo Aladrén UGT-Aragón
