Incluso antes de conocerse oficialmente las primeras medidas económicas del nuevo gobierno, ya se contaron por cientos las recopilaciones de artículos, declaraciones públicas y proclamas de todo tipo, donde el PP negaba que esto fuera a ocurrir. Más allá de esta constatación --que poco sorprende--, es interesante analizar, en clave política, qué encierran estas medidas.

Habrá quien diga que esto se veía venir y que no hay otra manera de mantener los mínimos servicios que el Estado afronta, que aumentando la recaudación. No seré yo quien niegue esta máxima, ya que salvo brujerías extrañas y creativas "ingenierías financieras" que sabemos dónde nos han llevado, la única manera de equilibrar un presupuesto es actuando sobre los gastos y sobre los ingresos, y generalmente esto pasa por incrementar los impuestos. Otra cosa es qué impuestos y con qué criterios.

Hasta aquí, no deja de ser una obviedad. Pero la cosa se complica cuando se empieza a analizar el paquete de medidas anunciadas. Cuando llegan estos momentos, es hora de recordar dos cosas fundamentales: primero, que los presupuestos (y sus modificaciones) son la plasmación en números de un programa político, es decir, el documento donde un gobierno deja negro sobre blanco sus intenciones y prioridades. Y en segundo lugar, que en esta priorización de actuaciones, lo fundamental es el criterio ideológico de quienes nos gobiernan. Apenas mes y medio después de salir elegido en las urnas, el gobierno del señor Rajoy ha hecho público el primer paquete de medidas mostrando así cuáles son los criterios ideológicos que nos gobernarán estos años.

En contra de lo que la oposición dejaba entrever, el PP, en este primer paquete de medidas, no ha subido el IVA, sino que ha actuado sobre el Impuesto de la Renta, de una forma que en un primer vistazo puede parecer "progresiva", pidiendo más a quienes más tienen. Sin embargo, el análisis se vuelve más complejo cuando se constata que las rentas del trabajo van a aportar dos tercios de la nueva recaudación. Gracias a la mayor presión sobre los trabajadores que viven de una nómina, se recaudarán 4.111 millones de euros extra. Si a esto le sumamos los 918 millones que se calculan de la subida del IBI y unos 200 de la eliminación de subvención al gasóleo profesional, veremos que de los 6.475 millones de euros que está previsto recaudar, el 64% procede de los impuestos sobre el trabajo. ¿Progresividad...?

En el mismo paquete el gobierno congela el sueldo de los funcionarios y el Salario Mínimo Interprofesional de 641 euros. Hay que recordar que el Salario Mínimo Interprofesional español es el tercero más bajo de Europa, muy alejado de los 1.365 euros mensuales de Francia, los 1.424 de Holanda y los 1.230 euros del Reino Unido. Por detrás de España, tan sólo se sitúan Polonia (341 euros) y Portugal (485 euros). Nada se dice, sin embargo, de otras medidas recaudatorias, como la lucha contra el fraude fiscal o la actuación sobre operaciones especialmente especulativas como las operaciones a corto.

La otra medida que no puede pasar inadvertida es la recuperación de la deducción por adquisición de vivienda mientras mantiene el IVA superreducido del 4%. Parece ser que en este aspecto el gobierno no necesita recaudar, y además ha entendido el enorme margen de maniobra que tiene a la hora de impulsar un sector productivo. La lástima es que el sector que el gobierno del Partido Popular ha decidido impulsar en plena crisis económica no es otro que el del ladrillo, es decir, el que ha lastrado el modelo de desarrollo y la estructura económica de España durante los últimos 20 años y el responsable de que en nuestro país la crisis financiera se esté viviendo con especial virulencia, pagando la factura del hiperdesarrollo de un sector con escaso valor añadido que ha ido depredando el territorio hasta hipotecarnos ad eternum, mientras nos sumergía en las profundidades de la burbuja financiera.

En definitiva, del análisis de las dos principales medidas anunciadas, se desprenden los criterios políticos que van a regir la economía española en los próximos años: una --otra-- vuelta de tuerca para aquellos que vivimos de una nómina (y que empezamos a ser ya privilegiados) y el apoyo a aquellos sectores que nos han arrastrado a la crisis que vivimos: la economía especulativa y el desarrollo de la construcción.

La parte positiva es que esto demuestra que cuando un gobierno quiere apoyar el desarrollo económico de un sector, tiene poderosos instrumentos para hacerlo. No es cierto que la economía se haya convertido en la ciencia que nos gobierna ante una política impotente. Para eso se inventó la política económica, que es la encargada de plasmar el ideario político en términos económicos. No es de extrañar, por tanto, que haya quienes estén interpretando esta crisis en términos de poder o de lucha de clases.

Politóloga.