Firme 'no' a la contrarreforma del aborto

Legislar contra el sentir social mayoritario para satisfacer las veleidades ideológicas de una minoría extrema no es lo que hace un Gobierno sensato y con sentido común, por recurrir a dos de las muletillas retóricas que suele usar en sus discursos el presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, para referirse a sí mismo y a las políticas de su Ejecutivo. Pero en el caso de la ley de interrupción del embarazo (y en otros, como la LOMCE y la ley se seguridad ciudadana) poco o nada de sensatez y sentido común político ha invertido Rajoy. Las consecuencias --en formas de duras críticas y firme oposición-- son visibles, tanto en España como en el extranjero, tanto en los partidos de la oposición como en el propio PP, tanto en la calle como en los medios de comunicación y las redes sociales. Las miles de personas que, movilizadas por colectivos feministas, se manifestaron ayer en Madrid procedentes de toda España son solo una pequeña parte de la repulsa social que ha generado una contrarreforma en toda regla que equipara a España en materia abortiva con Malta e Irlanda y lleva a las españolas de regreso a la precaria cobertura legal con la que se interrumpían los embarazos antes de 1985.

DATOS REVELADORES

Los resultados de la encuesta realizada por el Gabinete de Estudios Sociales y Opinión Pública para EL PERIÓDICO que publicó este diario ayer no dejan lugar a dudas: ocho de cada diez españoles se oponen a la ley Gallardón. En un dato muy revelador, el 55% de los votantes del PP en las últimas elecciones expresan su desacuerdo con el involutivo texto que ha diseñado el ministro de Justicia, Alberto Ruiz-Gallardón. Ese mismo sondeo señala que el 69,1% de los españoles consideran que no era necesario cambiar la actual ley de plazos y el 59% opinan que el Gobierno debe renunciar a cambiar la ley y mantener la actual normativa.

ESCUCHAR A LA CALLE

Aún está a tiempo Rajoy, apelando a ese sentido común y sensatez de los que gusta hacer gala, de cambiar el rumbo en un asunto que ya se ha convertido en uno de los puntos claves de la legislatura. La manifestación de ayer en Madrid supone un salto cualitativo en la oposición en la calle al texto legal, una oposición que no cejará sino todo lo contrario. Bien haría el presidente en escuchar al clamor contra una ley a todas luces inadmisible e insostenible.