Perversión educativa

Que el sistema educativo en España es imperfecto ya se sabía y así lo han puesto de manifiesto los últimos informes PISA. Solo hay que fijarse en la distribución del índice social y económico del alumnado en centros públicos y concertados para comprobar la segregación financiada con cargo a los impuestos. Pero el caso protagonizado por la Consejería de Educación de Aragón, que dirige Dolores Serrat, concertando provisionalmente un centro privado en Cuarte antes incluso de que se construya en vez de ejecutar el Plan de Infraestructuras Educativas roza lo perverso. La empresa privada ha aprovechado esa posición de fuerza para exigir a los profesores que asuman sueldos de 1.100 euros, previo pago de 48.000 y de un aval como cooperativista --es decir que se hipotequen para trabajar como docentes semipúblicos--; al tiempo que oferta unas plazas educativas inexistentes a día de hoy como alternativa a unas aulas públicas prefabricadas. Aún así, esta solo ha recibido 24 solicitudes para las 75 plazas previstas, mientras que la demanda en el resto ha superado a la oferta. El Grupo contra los Conciertos Educativos, formado por CGT, CHA, IU, MHUEl y STEA, estudia denunciar a la consejera por prevaricación ante las presuntas irregularidades en la concesión a esta cooperativa, que comparte domicilio social con otra empresa implicada en la Operación Púnica. Y no es su único frente abierto al cierre de la legislatura: la comunidad escolar critica la reducción de becas, la universidad le reclama 51,5 millones por el incumplimiento de los acuerdos de financiación y rechaza la autorización a la San Jorge para impartir Magisterio mientras se abandonan los campus de Huesca y Teruel. Periodista y profesor