Desde el 26 de junio, el PSOE ha soportado una inaceptable presión, cercana al acoso y el chantaje, para que apoyara un Gobierno del PP. A escasas horas de que los socialistas rechacemos la investidura de Mariano Rajoy y suspendamos el proyecto de país que tiene el PP, considero necesario volver a dar algunos argumentos que justifican nuestro rechazo a revalidar las políticas que durante los últimos cinco años han provocado un espectacular aumento de la desigualdad y la pérdida de libertades en nuestro país.

Casi 5,5 millones de votantes depositaron la confianza en mi partido para cambiar las políticas antisociales del PP. Una cifra nada desdeñable que merece ser respetada. Cierto es que el PP ganó las elecciones, pero no es menos cierto que fueron muchas más las papeletas que reclamaron un Gobierno distinto, un cambio radical que no puede liderar el PP. Ni siquiera con la ayuda de Ciudadanos. El PP, con su natural habilidad para manipular mensajes, se aferra a que ha ganado las elecciones y que será responsabilidad del PSOE la celebración de unas terceras. Las ha ganado, sí, pero ha sido incapaz de sumar una mayoría parlamentaria, imprescindible en democracia para gobernar. Y en cuanto a la responsabilidad de unas terceras elecciones, el día de Navidad, solo hay un responsable: Mariano Rajoy. El candidato ha pretendido hurtar el derecho democrático a que haya una oposición, exigiéndole al PSOE, que supone la alternativa, un apoyo incondicional que él mismo sabe que es imposible. Como era imposible hace tan sólo unos meses que el PP diera su voto afirmativo a un Gobierno de Pedro Sánchez. Nadie lo pidió y todo el mundo lo entendió. ¿Por qué ahora es distinto?

EL MODELO de sociedad que subyace en las políticas del PP considera que las desigualdades son algo natural e inevitable, que el mercado es el mejor medio para distribuir recursos y oportunidades y que el Estado debe desempeñar un papel mínimo y residual, encargándose únicamente de corregir las situaciones de extrema necesidad. Es esta ideología la que se encuentra detrás de los tremendos recortes de las políticas sociales y del imparable deterioro de los servicios públicos. Hace poco conocíamos que mientras el gasto público sanitario se redujo en 6.400 millones de euros desde 2011, el gasto de los hogares en sanidad privada se elevó en 3.000 millones. O que al tiempo que los beneficios de las grandes empresas crecían por encima de los 2.600 millones al año, los salarios se devaluaban y se reducían globalmente en 5.000 millones cada año. ¿Es necesario apoyar esto por el bien de España? ¿O por el bien de quién?

Pero encontramos ejemplos de ataques al Estado de Bienestar en otros muchos ámbitos. Los datos son reveladores: la recaudación por cotizaciones sociales se ha reducido en 7.000 millones de euros desde 2011, lastrada por la precarización del mercado de trabajo, mientras se ha vaciado la hucha de las pensiones en más de 43.000 millones; se han recortado 2.000 millones en dependencia y 400.000 familias esperan aún una ayuda; hay 30.000 maestros menos, las aulas están cada vez masificadas y tenemos una ley educativa que nadie quiere.

No por casualidad las tasas de desigualdad y pobreza se han disparado en España desde 2011. Casi un tercio de la población española (más de 13 millones de personas) está en riesgo de exclusión. Pero esto, parece que para Rivera y Rajoy no es un motivo suficiente como para que el PSOE rechace su investidura.

Si a estas alturas alguien piensa que el PSOE, el partido que protagonizó la construcción del Estado de Bienestar y que lleva en su ADN la defensa de la equidad, la cohesión social y la igualdad de oportunidades, puede apoyar un Gobierno con estos antecedentes, es hora de que desista de tal pretensión. Además, el PP ha mostrado un desprecio hacia las instituciones democráticas y los derechos de los ciudadanos. Sólo hay que recordar el ninguneo al que el Gobierno ha sometido al Parlamento, al que ha impedido en muchas ocasiones ejercer sus funciones legislativas y de control, el fin de la independencia de los medios de comunicación públicos o las restricciones a la libertad de expresión de los ciudadanos. Y ahora, en cambio, exigen nuestro apoyo cuando en cuatro años y medio nunca encontramos una mano tendida al diálogo.

En definitiva, la distancia política e ideológica entre el PP y el PSOE es abrumadora. Que compartamos algunas coincidencias en asuntos de Estado no altera en nada, como no lo hizo en el pasado, esta realidad. Nuestro voto negativo es a avalar el proyecto de desigualdad, egoísmo y corrupción que representa el PP y nuestro sí es a los valores de igualdad y progreso y al compromiso adquirido con nuestros votantes. Nuestro no es a un partido que a partir de septiembre encara una triste carrera en los juzgados sacudido por escandalosos casos de corrupción que afectan directamente al corazón del partido mientras siguen siendo condescendientes con sus imputados y aún dudan acerca de la supresión de los aforamientos. Apoyarles sería ayudarles a sostener el martillo con el que destruyeron los discos duros de su contabilidad. El mejor servicio que el PSOE puede prestar a España es continuar siendo una alternativa de gobierno al PP. Eso es lo mejor que podemos hacer por esa España que tanto le gusta citar en sus grandilocuentes declaraciones a Rajoy y a Rivera pero a la que tantas veces parecen darle la espalda.

Con todos estos motivos, ¿hay todavía algún votante del PSOE que desee nuestra abstención? Yo creo que no. Y no vamos a traicionarles. Diputada socialista al Congreso por Zaragoza