No voy a repetir, sería aburrido, el conocidísimo poema de Brecht en el que alerta sobre los peligros de reaccionar tarde ante las dinámicas represivas por entender que van dirigidas contra otros; al final, dice Brecht, acabará tocando el turno a todo hijo, e hija, de vecino. El proceso catalán se ha convertido en excusa para una oleada represiva sin parangón en nuestra actual democracia y que, como ya he escrito en otras ocasiones, no se centra de modo exclusivo en el ámbito catalán, sino que se extiende como una peligrosa mancha de aceite por todo el país.

Conste que, aunque solo se ciñera al caso catalán, ya sería tremendamente grave lo que está sucediendo. Mantener en prisión preventiva a políticos catalanes contra viento y marea, desafiando la más mínima lógica de los hechos, como nos está recordando la justicia de media Europa, que no entiende, como nadie con un mínimo de ecuanimidad, cómo puede calificarse de rebelión un acto carente de violencia, está consiguiendo convertir a políticos presos, como gusta decir al nacionalismo español, en presos políticos. Mal que les pese, y les pesa, a muchos, el proceso catalán ha estado exento de violencia, al menos de una violencia sistemática y grave. En el mismo periodo de tiempo, el fútbol ha ocasionado en España más situaciones de violencia, con muertos incluidos, que las movilizaciones nacionalistas en Cataluña. Por ello, la reacción del Estado es absolutamente desmedida y llega al colosal bochorno cuando se pone a la policía a requisar camisetas y bufandas en la pasada final de Copa. Algo que resulta absolutamente impropio de un Estado democrático.

Pero la represión, como decía, va mucho más allá, hasta convertirse en un problema en todo el país. En los últimos tiempos, hemos visto detener a gente por reproducir chistes que se venían contando en España desde la Transición, se ha detenido a titiriteros por obras de teatro, a cantantes por letras de canciones. Con estupor, vemos cómo se acusa de terrorismo a quienes protagonizan una pelea en un bar con guardias civiles y se les solicitan penas más elevadas que las que en los peores momentos del terrorismo etarra se pidieron para algunos de sus protagonistas. Hace unos días, un tuitero era detenido por escribir una humorada en la red, «los borbones, a los tiburones». Alguien es España está perdiendo el juicio.

Todo ello, en un contexto de arbitrariedad realmente significativo. Darse a la fuga y embestir contra un coche de la Guardia Civil no es terrorismo, si quien lo hace es el nieto de Franco. Amenazar con acciones violentas y secuestros de ciudadanos alemanes no merece la atención de fiscalía alguna, cuando es el ínclito Jiménez Losantos, durante años voz reconocida de la Iglesia Católica, el protagonista de tal dislate. Asediar una reunión de partidos democráticos y agredir a la Presidenta de las Cortes de Aragón no altera el pulso de la Delegación del Gobierno en Aragón, tan diligente cuando se trataba de expedientar y amenazar a ciudadanos ejemplares como Antonio Aramayona. La represión, como siempre, va por barrios.

El Ministerio de Interior nos recordaba el pasado fin de semana qué puede ser considerado delito de terrorismo. La lectura de esa modificación del código penal pactada hace años por PP y, válgame dios, PSOE, produce escalofríos, dado que es posible interpretar como terrorismo cualquier movilización social. Tipificar del mismo modo el corte de una carretera, como ya se ha hecho, y la comisión de un atentado es una desmesura que, desde luego, nada ayuda a la lucha contra el terrorismo real y coloca a nuestra sociedad en un constante estado de excepción en el que la libertad ciudadana queda restringida hasta límites insospechados.

Hace tiempo que se viene advirtiendo de la deriva autoritaria del Gobierno del PP. La crisis catalana le ha servido para mostrar esa alma represiva heredada de la dictadura, una dictadura que ha sido la máxima expresión del terrorismo en este país pero a la que la derecha, el PP, Ciudadanos, nunca se decide a condenar. A la vista de lo que acontece, ante la constatación cotidiana de que un partido enfangado en la corrupción, moral y política, dirige nuestro país, con el apoyo de Ciudadanos, y convierte en práctica delictiva muchas acciones que hasta ahora no habían sido consideradas como tales, no resulta exagerado denunciar que la democracia en España se halla en un serio peligro. Y que es preciso empezar a defenderla.

*Profesor de Filosofía. Universidad de Zaragoza.