En su momento, el equipo de Gobierno del Ayuntamiento de Zaragoza promovió un recurso de inconstitucionalidad sobre los artículos de la Ley de Acompañamiento de los Presupuestos mediante los cuales la DGA reformó la Ley de Aguas y Ríos de Aragón, suprimiendo unilateralmente la necesidad de un convenio con Zaragoza, sobre el Plan de Saneamiento de Aragón, como expresión, cuando menos, de la autonomía de los municipios en la gestión de sus competencias de agua y saneamiento. El Constitucional, en suma, lo que hace es sentenciar que, mientras esté en vigor esa Ley de Aguas y Ríos de Aragón, es legal que la DGA imponga un impuesto sobre los vecinos y vecinas de Zaragoza, y de otros municipios, como Fabara, que no cedieron sus competencias, aunque no les preste ningún servicio; y que es legal cubrir con esos fondos los costes de la privatización del saneamiento en otros municipios, que si cedieron sus competencias. Pero además, el Ayuntamiento de Zaragoza deberá seguir cobrando la tasa correspondiente para cubrir los costes del servicio que presta a sus vecinos. El tribunal sentencia, en suma, que ese doble cobro por el mismo concepto de saneamiento, es legal, como lo es el copago farmacéutico, con el que volvemos a pagar lo que ya tenemos pagado, con lo que nos descuentan del salario para la Seguridad Social.
Tradicionalmente los ayuntamientos pagan los costes de estos servicios mediante tasas que, a lo sumo, pueden cubrir, de forma transparente, los costes del servicio, pero no más. Sin embargo, con las leyes que se han ido aprobando para favorecer la privatización de los servicios públicos, se posibilita imponer precios, en lugar de tasas, con lo que se pueden cobrar beneficios, además de costes. E incluso se pueden promover impuestos autonómicos, como el ICA, para cubrir, en este caso, el oscuro proceso de privatización del agua en Aragón. La ventaja de esta opción, para la DGA, es que pueden cobrarnos lo que quieran, incluso por encima del coste del servicio; y sobre todo, pueden cobrárselo incluso a quienes no reciben servicio alguno de la DGA, como ocurre con los vecinos de Zaragoza y de los demás municipios que no cedieron competencias. En suma, aunque el Constitucional sentencie que el ICA es legal, no por ello deja de ser un impuesto injusto, ilegítimo, abusivo y oscuro, cuyo destino es cubrir un turbio negocio de privatización del agua en Aragón, plagado de graves irregularidades que apuntan posibles problemas de corrupción.
El propio Sr. Lambán reconoció que era un impuesto «socialmente injusto» aunque, eso si, tras constatar que se habían presentado más de 50.000 reclamaciones y que había más 100.000 impagos; y eso sólo en Zaragoza. Abrió entonces un proceso de diálogo con Podemos, sobre la base de la sensata propuesta que había presentado a todos los partidos la RAPA (Red Agua Pública de Aragón). Podemos, que desde un principio asumió la propuesta de RAPA abría así, con el Grupo Socialista, la posibilidad de un acuerdo progresista en beneficio, no sólo de Zaragoza, sino de todo Aragón.
Desgraciadamente pronto empezó a nublarse esa posibilidad, cuando la DGA presentó una propuesta en la que, usando los términos y conceptos de la RAPA, se acababan rellenando de contenidos para dar continuidad al modelo vigente, incrementando la carga sobre consumidores medios y sobre el pequeño comercio, e incrementando el pago conjunto de Zaragoza en un 40%. Ese juego de trileros, hacía temer lo peor; y lo peor ha llegado en forma de una oleada de nuevos recibos del ICA a los vecinos y vecinas de Zaragoza, sin atender el llamamiento de Podemos para que se demorara el cobro, cuando menos hasta ver si se podía concretar un acuerdo. De ser así, en contra de lo que viene afirmando la DGA, la correspondiente reforma de la Ley podría incluir la revisión, con efecto retroactivo, de estos recibos, socialmente injustos según el propio Sr. Lambán, para pasar a cobro los nuevos, que serían notablemente más bajos, justos y transparentes para todos y todas, en Zaragoza y en todo Aragón. La decisión de la DGA equivale, en definitiva, en términos bélicos, a decir: «mientras acabamos de negociar la paz, les someteremos a un nuevo bombardeo, y luego ya veremos...»
Obviamente, tal y como la RAPA ha valorado, eso demuestra que el Sr. Lambán no tiene la menor intención de desarrollar con Podemos un diálogo real que culmine en acuerdos razonables y justos. Mientras Pedro Sánchez y Pablo Iglesias, a nivel estatal, promueven perspectivas progresistas de acuerdo entre PSOE y Unidos Podemos, en Aragón, el Sr. Lambán hace lo contrario, al tiempo que, eso si, celebra acuerdos con Ciudadanos.
Por otro lado, la reciente decisión de ADELPA, que agrupa a todos los ayuntamientos del Pirineo, de dar apoyo al modelo de financiación que promueve RAPA y reclamar a la DGA la deuda de los 140 millones que vinieron de Madrid para construir las depuradoras del Pirineo, y se gastaron en «otras cosas», genera un frente social de indignación y de movilización ciudadana que calentará la precampaña y la campaña de las próximas municipales y autonómicas, en las que la gente tendrá que decidir. Una vez más, creo que el Sr. Lambán se ha equivocado. Y lo lamento.
*Diputado de Unidos Podemos por Zaragoza
