Peor imposible

Pablo Casado ha recurrido a una analogía imposible para invitar a los ciudadanos que residen fuera de España a participar en las generales: «Estas vides llevan años plantadas aquí y siguen dando el mismo vino español, por eso os quiero pedir que, aunque llevéis décadas fuera, sigáis pensando en vuestro país», dijo en La Rioja (obviamos los chistes fáciles que se pueden hacer en la relación vino/frases sin sentido). Lo cierto es que la implantación del voto rogado (significativo nombre) en el 2011 pretendía acabar con el 0,45% de votos irregulares, sin embargo, lo que ha logrado es provocar que la participación caiga un 95%. Y eso que el 79% quería votar, según datos del 2015 del colectivo de emigrantes Marea Granate.

En las últimas elecciones andaluzas solo un 3,8% pudieron solicitarlo. En Aragón afecta a 48.000 personas y en los últimos comicios solo un 6% de los censados llegó a votar. Todo debido a un laberíntico procedimiento plagado de toda clase de obstáculos adicionales, como los interesados han venido denunciando desde entonces. En las generales del 2015, de hecho, solo un 7,6% podía ejercer su derecho.

En esta legislatura y tras 21 meses de trabajo de una subcomisión en el Congreso donde ha primado la (habitual) falta de consenso, no se ha podido enmendar semejante anomalía democrática. Hablamos de más de dos millones de personas con derecho a voto, según el censo de emigrados, lo que supondría la tercera circunscripción por número en conjunto. Se estima que desde la crisis más de un millón de españoles ha tenido que emigrar. Gran parte de ellos son jóvenes que no han encontrado un puesto de trabajo. Más allá de la beneficiosa «movilidad exterior» que vendía Fátima Bañez sin rubor, es probable que una gran parte de esos votos fueran críticos con las políticas aplicadas que han causado esta situación.

Y de los que se han quedado en España, el 65,1% de menores de 34 años (según el IVIE) no pueden emanciparse ni consolidar un proyecto de vida. Una decepción que se traduce en desafección y lejanía respecto a los responsables públicos y a su falta de acierto o de voluntad política en abordar la precariedad laboral que no se ha traducido en mayor competitividad. De hecho solo el 49,5% de los menores de 25 años están convencidos de ir a votar en estas generales, nos revela el barómetro del CIS.

Resumiendo: a los de fuera no les dejan y a los de dentro los espantan. Peor no se puede hacer. H *Periodista