La demagogia de los impuestos

No creo que venga a descubrir el Mediterráneo si digo que determinadas noti-cias, que son objetivamente muy relevantes, pasan sin pena ni gloria por la prensa, la radio y las televisiones que, al propio tiempo, dedican enormes espacios a comentar, debatir e interpretar la última melonada de algún personaje público. Pues bien, eso es lo que pasó hace unos pocos días, cuando la Plataforma por la Justicia Fiscal (en la que están muchas de las organizaciones sociales del país y los principales sindicatos) presentó un escrito en el Congreso de los Diputados reclamando un pacto de Estado contra la evasión y la elusión fiscal. ¿Alguien recuerda alguna información, en algún medio, público o privado, que diese cuenta de esta noticia y de su alcance?

En una reciente entrevista en eldiario.es, el famoso economista Santiago Niño Becerra dejaba un dato escalofriante. «El principal problema de España -decía- es el fraude fiscal. Si lográramos resolverlo completamente, lo cual es una utopía, pasaríamos de tener un déficit del 2,6% a tener un superávit del 5%, y ya se puede imaginar con ese superávit cuántos problemas se podrían arreglar». Según los datos de la Plataforma por la Justicia Fiscal, seguimos recaudando siete puntos menos de impuestos respecto al PIB que los países de la Eurozona. O, dicho de una manera más gráfica: esos mismos datos señalan que en 2018 se recaudaron 208.685 millones de euros en España y, para equipararnos con la media europea, habríamos necesitado recaudar unos 80.000 millones más. Dejo a la imaginación de los lectores cuál podría ser, con esa recaudación, el estado de la sanidad, de la educación, de la investigación, de la justicia, de las pensiones…

En cuanto a las propuestas en la materia que hacen los partidos ante las urnas, veo un par de ellas que merecen ser destacadas. Podemos, por ejemplo, aborda la deseada y necesaria eliminación de privilegios fiscales en el impuesto de sociedades a las grandes corporaciones, y tampoco está de más su otra propuesta, la de recuperar los 60.000 millones del rescate bancario, ahora que ya tienen beneficios. También merece la pena destacar que el PSOE propone, según la ministra Montero (en la foto), una reforma fiscal que financie la implantación de une Renta Básica.

Y añadió la ministra que «hay que disminuir el diferencial de recaudación entre España y los países europeos». Destacan, digo, estas propuestas frente a la subasta de reducción de impuestos (a ver quién reduce más) entre PP y Ciudadanos. Y si uno les pregunta qué recortarán cuando se reduzca la recaudación del Estado, repiten el mantra de que la recaudación sube cuando se bajan los impuestos. Economía vudú.

Por no hablar de la sublime sandez del responsable económico de Vox. No solo, dice, hay que bajar impuestos y reducir el gasto público, sino que el Estado no tiene por qué sufragar el gasto en sanidad y en educación. Incalificable.

Sin embargo (acudamos otra vez a los datos), el Barómetro Fiscal del CIS de 2018 afirma que el 45% de los españoles pagaría más por mejorar los servicios públicos, frente a solo un 19,6% que optaría por pagar menos impuestos aunque hubiese que reducir esos servicios públicos. (Y digamos, de paso, que esas promesas de la derecha suelen acabar siendo mentira porque siempre, siempre, cuando han llegado al poder no han bajado los impuestos: solo los han hecho más injustos, bajando los directos a los más ricos y subiendo los indirectos, como el IVA, que a todos nos toca pagar). Digámoslo con palabras del presidente de los Técnicos de Hacienda, Carlos Cruzado: «No hay justicia social sin justicia fiscal, y hacer campaña contra los impuestos va contra el Estado del bienestar».

Pues bien, esto es lo que hay: el candidato del PP, Pablo Casado, promete eliminar los impuestos de sucesiones, donaciones, patrimonio y actos jurídicos documentados. O no ha pensado en ello, o no le importa, pero una cosa así acabaría con una parte importantísima de la financiación autonómica.

Por eso adquieren enorme importancia, como decía al principio, iniciativas como la de la Plataforma por la Justicia Fiscal. Porque abordan un esfuerzo pedagógico hacia la ciudadanía, hacia los votantes, que intenta hacerse oír entre el griterío demagógico de los que aturden con sus promesas de rebajas. Sindicatos, como CCOO, están organizando charlas y actos en barrios y pueblos para concienciar a la gente de que las bajadas de impuestos que promete la derecha solo benefician a los más ricos y de que el descenso de la recaudación que llevarían aparejado terminaría por repercutir negativamente sobre los servicios públicos, de los que esos ricos se benefician en mucha menor medida que la mayoría.

Es necesario transmitir el mensaje de que, si se reducen los ingresos del Estado, se reduce al mismo tiempo el gasto público. Y, si no hay gasto público, no hay servicios públicos. Y, si no hay servicios públicos, no tenemos los derechos que consagra la Constitución (educación, sanidad, pensiones, vivienda…). Lo que nos llevaría a una curiosísima paradoja: los que se envuelven en la Constitución y la consideran poco menos que el Libro de la Verdad Revelada son los mismos que proponen vaciarla de contenido en materia de derechos para las mayorías, rebajando los impuestos a unos pocos privilegiados.

Y hay que seguir insistiendo, tal como lo hace la Plataforma. Hay que forzar a los representantes políticos que salgan de las elecciones próximas para que aborden a la mayor urgencia, y con criterios de pacto de Estado, una reforma global del sistema fiscal español que vaya en la dirección, no de bajar impuestos, sino de hacerlos más justos, más equitativos. No en la dirección de recaudar menos, sino en la de recaudar más. Una reforma que reduzca significativamente las mil y una martingalas que permiten a los más adinerados pagar menos de lo que les correspondería y hacerlo escrupulosamente dentro de la legalidad. ¿No es escandaloso que muchas empresas que presentan beneficios multimillonarios acaben pagando por ellos apenas un 5%... o nada, como les ocurre a las del IBEX 35?

Y ya, si no es mucho pedir, hay que reclamar a esos representantes una mayor ejemplaridad en el manejo del dinero público. La percepción generalizada de la corrupción política no es el mejor incentivo para pagar impuestos. <b>* Diputado constituyente</b>