Los españoles merecen otra clase política

Aparecen dudas razonables de la separación de poderes y una confusión en las reglas democráticas que están dejando a los ciudadanos al borde de la irritabilidad y de la indefensión. Una parte importante de la clase política española parece que se ha convertido en una suerte de loros, que desde sus pedestales de oro repiten consignas sin sentido que no solo no sirven para ilustrar a los ciudadanos sobre los asuntos que verdaderamente les interesan, sino como servicio a los intereses de no se sabe quien, o sí. Ya da igual lo que se diga, se traslada y se repite desde las redes sin ninguna consideración ni comprobación con el único objetivo de denigrar al adversario, que en muchos casos más parecen enemigos.

Parece ser que lo que no ha gustado a un sector muy importante y muy poderoso de este país es que haya fuerzas políticas elegidas democráticamente en elecciones libres y al amparo de la ley que se han puesto de acuerdo para formar Gobierno. Se avisa de que todas las plagas bíblicas se van a desatar sobre nuestro territorio y España va a quedar reducida a escombros.

El anuncio del debate de investidura a Pedro Sánchez como presidente del Gobierno con el apoyo de un amplio grupo de fuerzas de diferentes tipos e ideologías, ha abierto la espita para que se pueda decir de todo y hacer cualquier cosa con el único objetivo de conseguir que la investidura fracasara. Se ha roto el fair play que existía entre partidos, respetando sus asuntos internos y nada menos se ha pedido abiertamente por parte del PP y Ciudadanos una rebelión interna en el PSOE que sirva a sus intereses e impida la formación del nuevo Ejecutivo. ¿Se dan cuenta de lo que están pidiendo? Que digan esto aquellos que han tenido en su mano facilitar un Gobierno o participar en el mismo con el PSOE cortando de raíz la influencia de los partidos separatistas a los que tanto critican suena a un cinismo difícil de entender.

De repente ha aparecido en escena la Junta Electoral Central (JEC) inhabilitando al presidente de la Generalitat, Quim Torra, y a Oriol Junqueras como eurodiputado. Y precisamente en la víspera del debate de investidura. Si ahora puede inhabilitar a Junqueras ¿se debió pronunciar la JEC cuando se presentó a las europeas impidiendo su candidatura? ¿Por qué no lo hizo? ¿No era el Tribunal Supremo quien tenía que resolver un recurso sobre Torra y la respuesta que los tribunales europeos han dado sobre Junqueras por una cuestión prejudicial planteada por el mismo TS? Con esta actuación de la JEC se ha desatado una suerte de apoyos, opiniones de expertos y declaraciones que todavía confunden más a la ciudadanía y la llevan a posiciones de hastío.

Esta decisión ha generado una situación muy extraña que se suma ya a la confusa situación de la política española. El PP apuesta abiertamente por quitar de en medio a Torra, máximo representante de las élites económicas catalanas de la vieja Convergencia y con las que el PP tuvo acuerdos en el Gobierno central. Por el contrario, ERC, EH Bildu y BNG, partidos que se encuentran en las antípodas ideológicas de JxCat, tachan de «golpe de Estado» la decisión de la JEC y apoyan desde la distancia decisiones de este partido cuando su concepto de la sociedad y de la práctica política y económica es, en muchísimos aspectos, totalmente opuesta. Por otra parte Ciudadanos, que nació socialdemócrata, se suma al carro del PP, partido al que quiso sustituir y de quien soltó pestes y además gobierna con él apoyados en Vox, partido este que no merece ningún comentario porque se descalifica solo.

A todo este guirigay sumamos las declaraciones de expertos sobre la competencia o no de la JEC a la hora de tomar la decisión que ha tomado. Pero llama la atención las declaraciones del catedrático de Derecho Constitucional Diego López Garrido afirmando que la JEC es competente para tomar la decisión que ha tomado pero que la ley que lo permite es muy mala.

Si a esto sumamos que ya demasiadas veces en estos últimos tiempos escuchamos que los políticos catalanes dan más valor a los votos que a las sentencias judiciales, algo está fallando en la democracia española. Y mientras no se demuestre lo contrario, los que están fallando son ellos, los políticos que no están cumpliendo con la misión para la que han sido elegidos y están faltando al respeto a la misma democracia. Señores diputados: ¿a que van al Parlamento? Señores jueces: ¿para qué se ponen la toga? ¿hacia dónde vamos con esta clase de representantes? ¿cómo pueden llegar a determinados acuerdos y tomar las decisiones que los ciudadanos en justicia necesitan si se insultan y descalifican permanentemente?

Los ciudadanos mientras tanto se miran el bolsillo para ver si llegan a fin de mes, observan el calendario porque finaliza el contrato de trabajo, rezan aunque no crean, para que sus niños no se pongan enfermos, los que se tienen que jubilar y los ya jubilados hacen cuentas permanentemente. Y así ocurre con una larga lista de ciudadanos que no pertenecen a las élites y para los que la acción de gobierno es determinante en sus vidas. ¿Verdaderamente a nuestra clase política les preocupan estos problemas? Llevamos demasiado tiempo ya en el que los discursos de nuestros representantes se alejan muy mucho de las necesidades ciudadanas. Vivimos en un mundo de frases hechas, de mensajes prefabricados que llevan a fijar la atención en aspectos irrelevantes, que generan problemas de convivencia y que a ellos les sirven como maniobra de distracción para seguir a lo suyo.

La Constitución da mucha fuerza a los partidos como sostén de la democracia en España. Se exige equilibrio y respeto entre los poderes legislativo, ejecutivo y judicial para que la democracia funcione. Existen serias dudas de que lo estén consiguiendo. H *Periodista