Los electores olvidados

Iniciamos este nuevo año, bisiesto como cada cuatro, y nos sirve de despedida de una década y preparación de la siguiente, que como un nuevo reto debemos afrontar para que nuestra sociedad tenga las perspectivas de lo que damos últimamente por llamar sostenibilidad.

Por fin podemos dar por cerrado el capítulo de interinidad que por falta de gobierno hemos vivido, como ya es costumbre unos lo definen como bueno y otros como malo, pero lo verdaderamente importante es que ya tenemos un presidente elegido por nuestros representantes. Espero que su primera labor sea dotarnos de un presupuesto, hecho fundamental para la vida de este país.

Dicho lo cual, me gustaría empezar con una cuestión: que alguien me explique cómo es posible que existan tipologías diferentes de diputados. Que yo entienda, nuestra Constitución en su artículo 66.1 dice: «Las Cortes Generales representan al pueblo español y están formadas por el Congreso y el Senado», en este texto no se hace cualificación de diputados y senadores, ni que representen algo diferente a todo el pueblo español.

En su artículo 70 punto 1, determina las causas por las que no se podrán optar a ser diputados ni senadores, y en ninguna de ellas dice que las ideas puedan ser objeto de inelegibilidad. También es importante destacar que se podrá ser candidato del Congreso de los diputados: los españoles mayores de edad, que poseyendo la cualidad de elector, no incurran en ninguna de las causas de inelegibilidad previstas en el artículo 6 de la Ley Orgánica 5/1985 de Régimen Electoral General.

Y si por lo que parece no hay tipologías diferentes de diputados y senadores: ¿por qué políticamente sí se puede condicionar o valorar el voto que a un diputado le ha otorgado el electorado? Esta es una cuestión rara y torticera de excusar el fin que tienen las cámaras, hacer política representando a sus electores, no combatiendo a los de otros representantes, pues el objetivo democrático para la representatividad de la soberanía popular es el bien general de todos los ciudadanos, sin diferencia.

Pero pasemos a lo importante a través de una manifestación rotunda que recoge el artículo 2 de la Constitución: la indisoluble unidad de la nación española; pues aceptando esto como eje vertebrador de todo el país, entenderemos que todos sus habitantes, los 47,5 millones de iure que tiene España, tenemos los mismos derechos y estamos sujetos a las mismas responsabilidades, y que 37 millones de ellos son, como electores, quienes deciden nuestra representación.

Desde esta posición, cuando hablamos de 35 diputados que denominamos nacionalistas/independentistas, porque así se definen ellos, no lo estamos haciendo de este número de personas, lo constituimos sobre 2.413.602 electores en las últimas elecciones generales. Estableciendo lamisma ratio que sobre el total de España, serían 3,1 millones de habitantes españoles que consideramos al margen de la unidad de la nación española, por tanto estaremos ante una incoherencia total; por una parte, los que defendemos la unidad de España como fórmula política mejor y más solidaria, y por otra, los llamados nacionalistas/independentistas que dentro de la legalidad constitucional pueden defender la posición política que consideren, nunca al margen de ella.

Pues si existe un camino de integración e intereses comunes, no es normal que nos empeñemos unos y otros en defender el enfrentamiento que sin duda no conduce a ningún lugar, que genera tensiones desgarradoras del conjunto de la sociedad, para que como final nadie salga victorioso de una situación que no tiene la victoria como una de sus partes.

¿Quién gana con esta situación?, porque esto si que se produce: aquellos que sacan partido para ellos a costa del resto. Y como decía en mi último artículo: «La miseria humana lidera el momento actual». Deshagámonos de ella. H *Presidente de Aragonex