La despoblación es uno de los principales problemas estructurales de España. Sus causas son variadas y también lo son los diagnósticos. Desde hace unos años, debido a la revuelta pacífica pero contundente de las zonas que padecen la sangría demográfica, es un fenómeno que está en la agenda política. Son muchas las cátedras de estudio, los comisionados y los expertos que plantean propuestas para frenar el éxodo de la población del medio rural, aunque ninguna haya servido todavía para frenar una circunstancia que, por otro lado, es un problema global y que tiene difícil resolución. Hay una realidad evidente: las administraciones públicas actualmente hacen notables esfuerzos para invertir en zonas poco pobladas, promueven incentivos y buscan atractivos para captar inversiones y puestos de trabajo. Se corrige así el olvido secular del Estado, la planificación centralista que discriminó el interior del país por la capital y los grandes núcleos de la costa.

Es por tanto, necesario y urgente que el país se tome en serio esta cuestión, y por este motivo son muy bienvenidas las propuestas que alrededor de 80 colectivos que luchan contra la despoblación presentaron el martes en el Congreso con unas cien propuestas encaminadas a combatir la sangría demográfica. El portavoz de todas ellas fue el diputado de Teruel Existe, Tomás Guitarte, que hizo hincapié en una medida que siempre está en el debate: la fiscalidad diferenciada. Es decir, que los habitantes de las zonas despobladas paguen menos impuestos, por la premisa de que los servicios públicos que perciben son menores o de peor calidad.

Sería un error de grandes dimensiones considerar que un agravio como el de la despoblación se soluciona con otro agravio. La fiscalidad no se puede entender como una cuestión entre territorios, sino entre individuos. Eso si se quiere un sistema justo y proporcional, en el que aporte más quien más tiene, independientemente del lugar en el que viva. Aceptando la premisa de que muchos servicios están infradotados en el medio rural, tampoco hay que perder de vista que entre todos los ciudadanos, de la España despoblada y de la superpoblada, aportamos por igual para mantener escuelas con tres alumnos o prestar asistencia sanitaria de máxima calidad a cualquier individuo viva donde viva. No puede ser de otra forma. Pero por el mismo motivo, no se puede apelar a pagar menos impuestos como medida compensatoria, pues es, además de injusto, tan insolidario como olvidar a la España interior.

La lucha contra la despoblación debe hacerse con debates sosegados, profundos y realistas. Cualquier medida que enfrente o sea injusta e insolidaria, solo contribuye a enturbiar más las cosas y no resolver el problema.