Avishai Margalit en su libro La sociedad decente nos dice: «Una sociedad decente es aquella cuyas instituciones no humillan a las personas. Y una civilizada es aquella cuyos miembros no se humillan unos a otros».

La humillación implica una amenaza existencial y se basa en el hecho de que quien la perpetra —especialmente la institución que humilla— tiene poder sobre la víctima asaltada. Conlleva también, especialmente, la sensación de desamparo total que el matón provoca en la víctima. Este sentimiento de indefensión se muestra en la temerosa impotencia de la víctima de proteger sus propios intereses. El concepto de humillación, como pérdida de control, es el concepto operativo de degradación entendido como la destrucción de la autonomía humana.

Lamentablemente, abundan los ejemplos en los que se hace manifiesta esa perseverante degradación de la condición humana en los Estados cuyas instituciones y funcionarios públicos viven al amparo de la corrupción, la violencia, la complicidad y la más absoluta impunidad. Y si bien el estado de degradación moral y política no es atribuible en exclusiva a las autoridades, y es legítimo que se piense en alguna participación de la ciudadanía en general, toca a los primeros cargar con la responsabilidad que supone detentar el poder público: tener en sus manos la posibilidad de construir y aplicar leyes, administrar los recursos del Estado y asegurar el orden social sancionando los actos de ilegalidad y domesticando toda manifestación de violencia, incluidos aquellos de los que pueden hacer los poderes fácticos o «salvajes».

Una sociedad decente está en un escalón superior al de las sociedades que Margalit califica de «moderadas» y en un escalón inferior al de las sociedades «justas». En las moderadas se busca erradicar la crueldad física, el castigo físico; en las justas hacer valer el principio de justicia distributiva. Entre las tres hay un orden acumulativo: «La sociedad decente también tiene que ser moderada y la justa también tiene que ser decente».

Una sociedad moderada se compromete con la erradicación de todo trato cruel, inhumano y degradante –tortura y vejaciones físicas– y, de esta manera, de cualquier forma de fundamentalismo violento y de terrorismo de estado, cuya finalidad es la creación de un temor generalizado en la sociedad. Una sociedad decente pone el acento en la crueldad psicológica o mental, en la degradación de la autoestima, en la humillación a través de acciones u omisiones realizadas por seres humanos. El desempleo, la miseria y la pobreza, las enfermedades que pueden ser curadas a tiempo, el analfabetismo, la privación de futuro para los jóvenes, el trato al prójimo como un ser no humano, inexistente o invisible, son situaciones humillantes. No son «desgracias» naturales incontrolables por el hombre, sino acciones u omisiones deliberadas o susceptibles de ser corregidas por la acción humana. Por ello, una de las formas más grotescas de humillación es pensar que todos esos males son producto de fuerzas o leyes naturales contra las que sólo cabe la resignación. Así piensan los apóstoles del mercado a ultranza.

Una sociedad decente debe ser el preámbulo para una sociedad justa. En ésta no sólo se ha eliminado la crueldad física y la humillación, sino que se ejercen acciones que permiten una adecuada distribución de bienes, recursos y derechos que exigen del Estado acciones de bienestar decididamente positivas.

Es verdad que a fuerza de insistir en los criterios de distribución, se han descuidado en los países desarrollados las condiciones que hacen posible la moderación y la decencia entre los miembros de la sociedad. Podría darse el caso que los individuos pertenecientes a una sociedad liberal y democrática se sientan comprometidos con la justicia de sus propios ciudadanos y, a la vez, no se sientan responsables de la humillación hacia personas como los inmigrantes, considerados no ciudadanos. No se trata sólo de un problema de justicia distributiva o de eficiencia, sino de un trato excluyente, que se acompaña de actitudes xenófobas legitimadas política y hasta jurídicamente. Otro tanto cabe decir de las personas que distribuyen alimentos a las víctimas de una hambruna o de alguna catástrofe, que «los lanzan desde el camión como si los receptores fuesen perros». La distribución puede ser justa y eficiente, pero la forma es humillante. En ambos casos se da lugar a una humillación institucional y, por tanto, a una sociedad indecente, pero «justa». Este déficit liberal no tiene justificación alguna: «Una sociedad justa debería ser, en espíritu, una sociedad decente, tanto para sus miembros como para quienes no pertenecen a ella». Las sociedades justas deben ser incluyentes, es decir, incorporando la moderación y la decencia. No es fácil trazar las fronteras entre unas y otras. Ahí donde parece haberse alcanzado altos niveles de distribución equitativa y, por lo mismo, niveles óptimos de calidad de vida, aparecen o reaparecen situaciones de crueldad y humillación de difícil contención. Piénsese en las actitudes xenófobas de buena parte de los gobiernos conservadores y de partidos de ultraderecha radical en Europa, o la sistemática violación de derechos humanos en países como China, con sonados logros en el crecimiento económico y en el abatimiento generalizado de la pobreza.