El poder judicial y, más aún, sus resoluciones son un mundo complejo para los legos en la materia. Y las diferentes interpretaciones sobre una misma ley o similares situaciones se convierten en materia de discusión a la par que generan controversia y perplejidad en la ciudadanía. La pandemia nos está dejando claros ejemplos cuando los gobiernos autonómicos solicitan amparo a los jueces para aplicar limitaciones en sus territorios; unas veces se pronuncian a favor y otras en contra en primera instancia y el Tribunal Supremo (TS) enmienda o no las decisiones de los tribunales territoriales.
Es lo que ocurrió ayer con la petición que el Gobierno de Aragón hizo a finales de julio al Tribunal Superior de Justicia de Aragón (TSJA) para que refrendase el toque de queda en Huesca, Jaca, Monzón y Barbastro. Los magistrados lo denegaron, amparándose en que habían planteado una cuestión de inconstitucionalidad no resuelta, lo que motivó la casación ante el TS.
El argumentario del recurso es demoledor, porque los servicios jurídicos del Gobierno aragonés consideran que la Sala de lo Contencioso Administrativo del TSJA infringió jurisprudencia del Constitucional, del propio Supremo, la ley general de Sanidad y la legislación propia de la comunidad autónoma. Tal carga de profundidad jurídica llevaba el recurso que incluso se incluyó esa manida frase que se usa para no incurrir en desacatos: «En estricto derecho de defensa».
La resolución del Supremo se dio a conocer ayer, para algarabía contenida del Ejecutivo aragonés que vio cómo sus planteamientos eran admitidos por el alto tribunal, incluido un tirón de orejas para el TSJA, al que declara obligado a resolver las solicitudes que se planteen desde una Administración, siempre que esta acredite el porqué de la medida a tomar, que en este caso tenía por objeto «contener el rebrote de covid» en los citados municipios aragoneses. Y todo pese a la pendiente cuestión de inconstitucionalidad.
Pese a la celeridad en resolver, la decisión llega cuando tres de los núcleos afectados –Huesca, Barbastro y Monzón– tienen ya una incidencia acumulada a siete días por debajo de 500 casos por cada 100.000 habitantes y evolucionan a la baja.
Aunque los jueces siempre se manifiestan acostumbrados a ser enmendados por instancias superiores, esta corrección es posible que no haya sentado tan bien. Porque hay quien ve un cierto divorcio entre la Justicia y el Gobierno aragonés desde aquel «váyanse a hacer mascarillas».
