Aborto libre y en la seguridad social

Más de diez años después de la puesta en marcha de la última ley del aborto, y 35 años de la primera ley de aborto en nuestro país, aún no hemos conseguido todo lo que pedíamos aunque la Ley 2/2010, de 3 de marzo, de salud sexual y reproductiva y de la interrupción voluntaria del embarazo , reconoce «a todas las mujeres por igual el acceso a la prestación, con independencia del lugar donde residan» pero miles de mujeres que deciden interrumpir voluntariamente su embarazo son obligadas cada año a desplazarse a otra provincia e incluso cambiar de comunidad autónoma debido a que los servicios de salud no llevan a cabo esta práctica sanitaria en los lugares en los que viven o no tienen acceso a la tarjeta sanitaria.

Objeción de conciencia institucional

No se trata de una intervención compleja que requiera de un equipo hiper especializado, cualquier servicio de ginecología debería poder llevarla a cabo con garantías, pero la realidad es que aunque la ley no permite que la objeción de conciencia se pueda invocar de forma colectiva por los centros sanitarios, nuestro sistema sanitario ha optado por la concertación sacándolo completamente de las intervenciones que se llevan a cabo en el sistema público de salud. A mi modo de ver, una objeción de conciencia institucional que deriva a la sanidad privada la totalidad de un servicio incluido en la cartera de prestaciones. Un centro concertado en Aragón al que se tienen que desplazar todas las mujeres que hayan decidido hacer una interrupción voluntaria del embarazo.

Esta situación, generalizada en el Estado, nos habla del estigma que conserva esta cuestión en nuestra sociedad, no es una mejor gestión de lo público, es no querer afrontar y conciliar la objeción de conciencia con los derechos de las mujeres, es no reconocer que es una intervención como otra cualquiera, es mantener su carga moral, la culpa que promulga la religión, tan patriarcal ella.

Además, favorece la acción de los lobbies contra el derecho a decidir que acosan a las mujeres en las puertas de los centros, presionándolas para cumplir un mandato de género que no tiene en cuenta su contexto ni su realidad, dando información falsa y desde una concepción paternalista y patriarcal que infunde a la mujer la obligación de la procreación para sostener un sistema que la utiliza y la explota para ello.

Ni tutelas ni chantajes

Porque las mujeres sabemos lo que implica la maternidad, no necesitamos tutelas ni chantajes para tomar nuestras decisiones. Lo que se necesita es garantizar unas condiciones de vida digna que permita a las personas y a las mujeres desarrollar su proyecto personal fuera de la precariedad. Igualdad real y condiciones de vida digna son las verdaderas bases para mejorar y posibilitar una crianza que responda a las necesidades y proyectos de todos y todas, junto a una educación afectivo sexual con un enfoque integral desde una perspectiva feminista.

A nivel estatal se está planteando abordar la reforma de la ley de salud sexual y reproductiva para corregir todas estas cuestiones, así como abordar la gestación subrogada y evitar las situaciones de explotación reproductiva, así como, la violencia obstétrica que es necesario visibilizar para poder revertirla de forma efectiva.

La salud sexual y reproductiva es una asignatura pendiente en nuestra sociedad que debe quitarse prejuicios, estigmas y privilegios. Poniendo gafas moradas a una faceta imprescindible de las personas en las que las mujeres trabajamos para empoderarnos, para cuidar y respetar nuestro cuerpo, para salir de los dogmas del nacionalcatolicismo que no concibe el placer ni la sexualidad femenina.

Visión integral y visión feminista para transformar la realidad, para que deje de parecernos normal la agresión y las limitaciones al ejercicio de nuestros derechos. Un camino largo que seguimos recorriendo juntas porque nos va la felicidad en ello.