En los últimos días todos los medios de comunicación se han hecho eco de la intención que tiene el gobierno de convertir en funcionarios a miles de empleados con contratos temporales, que llevan trabajando en la función pública un mínimo de cinco años en el mismo puesto de trabajo. Como era de esperar, los líderes de los partidos de la oposición han puesto el grito en el cielo argumentando que este proceso agrandará el pesado lastre que arrastra la administración pública española desde tiempo inmemorial: endogamia, burocracia excesiva, tardanza en la resolución de los expedientes, etc. Sin embargo, eso mismo se ha hecho otras veces y los resultados muestran que no ha mejorado ni empeorado dicho funcionamiento.
Ley de Reforma Universitaria
Cuando el partido socialista ganó las elecciones en el año 1982, una de las primeras cosas que hizo fue aprobar la Ley de Reforma Universitaria (LRU, 1983). Una vez promulgada dicha ley, trató de convertir en funcionarios por la puerta falsa a miles de profesores no numerarios, intentando de ese modo acabar con las largas y enconadas luchas de ese tipo de profesorado. En principio trató de conseguir ese objetivo a través de un concurso público presencial y amañado, consistente en ordenar a los tribunales que aprobaran a todo el mundo. Bien sea porque en aquella época los sindicatos llamados de clase (siempre fieles a los postulados socialistas) no tenían ninguna fuerza entre el profesorado numerario universitario, o bien porque en el cuerpo de catedráticos y de agregados de universidad y de escuelas universitarias existía un amplio reducto contrario a ese procedimiento, el caso es que muchos tribunales acabaron suspendiendo a un alto porcentaje de concursantes, cosa que no hicieron otros más dóciles a los dictados del poder. Obviamente, las tremendas diferencias de aprobados y suspensos entre unos y otros tribunales, lejos de apaciguar las luchas del profesorado no numerario, las encumbraron.
Si las diferencias entre unos y otros tribunales fueron escandalosas, también lo fueron las sentencias judiciales en relación a las reclamaciones promovidas por los aspirantes suspendidos. Como siempre ocurre en este tipo de procesos chapuceros, de repente surge una mente iluminada que encuentra la solución mágica. En este caso consistió en inventarse una prueba de idoneidad en la que los profesores no numerarios tenían que presentar unos determinados documentos sin necesidad de tener que defenderlos presencialmente ante los respectivos tribunales que se prestaron a esa farsa. Como era de esperar, ahora no hubo ninguna sorpresa, ya que el aprobado fue general. Incluso, en algunas listas de aprobados aparecieron candidatos que habían muerto durante el largo tiempo transcurrido desde que presentaron la documentación hasta el momento en que aparecieron publicadas las listas de aprobados. Ese fue el motivo por el que algunos medios de comunicación llamaron a esa gran farsa social «la prueba de los muertos».
El concurso oposición restringido del 81
Antes de la llegada del PSOE al poder, el gobierno de la UCD también intentó convertir en funcionarios a varios miles de profesores no numerarios de escuelas universitarias de magisterio. El último concurso oposición que se había celebrado en dichos centros universitarios fue en el año 1969. A partir de 1970 en que las escuelas de magisterio se incorporaron a la universidad, el número de estudiantes aumentó extraordinariamente, lo cual obligó a tener que contratar a miles de profesores con contratos que terminaban cada año académico. Por eso, en el año 1981 el gobierno de la UCD aprobó un concurso oposición restringido cuyo objetivo era estabilizar a ese profesorado. Las pruebas se celebraron en Madrid con tribunales por materias para toda España y consistieron en tres ejercicios públicos eliminatorios. Dado el escaso número de plazas que fueron convocadas (en algunas materias hubo más de diez aspirantes para cada plaza) y que algunos tribunales dejaron desiertas bastantes, más de la mitad de los concursantes no pudieron convertirse en funcionarios.
El propósito al citar esos dos ejemplos ha sido doble. Por una parte, hacer ver a los lectores que este proceso que ahora quiere poner en práctica el gobierno se ha hecho siempre con el objetivo de acabar con situaciones injustas de temporalidad laboral prolongada en la administración pública. Por otra, mostrar que las cosas se pueden hacer con rigor o en plan chapucero. Desgraciadamente, no tengo claro si el actual gobierno resolverá de forma rigurosa o chapucera la injusta situación de esos miles de trabajadores de la administración pública con contratos temporales. Si lo hace con seriedad, sin dejarse llevar por presiones partidistas y sindicales, lo aplaudiré. En caso contrario lo criticaré.
