El estallido de la pandemia del covid-19 obligó a las administraciones públicas, de todo el mundo, al mismo tiempo y contrarreloj, a emprender medidas de urgencia para hacer frente a la emergencia sanitaria. En particular fue acuciante, en los primeros meses, la competencia salvaje por procurarse en los mercados internacionales de medios como respiradores, guantes y mascarillas. E inmediatamente, la de activar y disponer recursos sanitarios y asistenciales en una dimensión y con un grado de urgencia que nadie había previsto. Una de las decisiones que fue necesaria fue aplicar, durante el estado de alarma, los procedimientos expeditivos que prevé la legislación que regula los contratos públicos en situación de extrema urgencia.
Emergencia sanitaria, aumento del gasto y levantamiento de controles sobre la transparencia de los procedimientos para ejecutarlo conformaron un ambiente en el que, como ya se advertía en 2020, «el riesgo de fraude, corrupción y dilapidación de recursos públicos no desaparece sino que se incrementa» y puede permitir a actores poderosos aprovechar la crisis en beneficio propio.
Los organismos responsables de regular la contratación pública y de fiscalizar el gasto público y los jueces apenas han empezado a rascar la superficie de cómo se ha gestionado el gasto de miles de millones de euros en condiciones de control laxo. En una pequeña muestra de 134 contratos, por ejemplo, el Tribunal de Cuentas ya ha alertado de que «en un número significativo de casos» no se comprobó la idoneidad de los adjudicatarios y «en la mayor parte de los contratos fiscalizados no consta la solicitud de ofertas a más de una empresa».
El Tribunal de Cuentas ya ha alertado de que «en un número significativo de casos» no se comprobó la idoneidad de los adjudicatarios
En este contexto han trascendido diversos episodios en que el uso de recursos públicos se ha cuestionado. Desde el cobro de comisiones por parte de personajes con conexiones familiares en las administraciones públicas madrileñas, en el caso de Alberto Luceño y Luis Medina escandalosas en su volumen y con visos de estafa en la calidad del material suministrado, hasta el gasto de millones de euros en plazas de residencias para ancianos positivos que se pagaron pero nunca se utilizaron, ni en lo más crudo de las primeras olas.
Las actuaciones discutibles que hasta ahora se han conocido, como estas, pueden haber escondido prácticas de tráficos de influencias y fraudes en los que el calificativo de «pillos» que Alberto Núñez Feijóo aplicó a Medina y Luceño se queda muy corto; actuaciones aún más indecentes por cuanto extraían beneficios de una situación en que las cifras de muertes escalaban y la economía del país se hundía. O también casos en que la Administración fue la estafada en su búsqueda perentoria de suministros médicos en unos mercados internacionales convertidos en una auténtica selva de aprovechados. O decisiones que acabaron siendo desacertadas en momentos en que era difícil modular el volumen de recursos que iba a ser necesario en una situación imprevisible.
Sea cual sea la circunstancia, esté detrás la corrupción, la incompetencia o la imposibilidad de reaccionar de forma ajustada a una crisis abrumadora, es necesaria una rendición de cuentas exhaustiva y sistemática sobre todo el volumen de gasto público gestionado en estas condiciones. Y no solo de forma reactiva ante denuncias puntuales.
