Unas migrañas ausentan de un juicio a una acusada de estafar 57.000 euros a una anciana de Zaragoza

La vulnerabilidad es uno de los factores que valoran los delincuentes a la hora de planificar sus golpes para tener más posibilidades de que sus planes se salden con éxito. Un colectivo que cumple este requisito es la tercera edad y es lo que ha llevado a una zaragozana -M. C. G. G.- a enfrentarse a siete años de cárcel por, supuestamente, engañar a una jubilada con la permuta de varias viviendas hasta el punto de realizar una transferencia a su favor por valor de 57.700 euros. Pero, ayer, la imputada se ausentó de su cita con la Justicia ante la Sección Tercera de la Audiencia Provincial de Zaragoza al presentar un informe de urgencias de un centro hospitalario que reflejaba un ingreso por migrañas. Y, como la pena que solicita el ministerio fiscal y la acusación particular es superior a los dos años de cárcel, el tribunal provincial, presidido por la magistrada Nicolasa García Roncero, acordó la suspensión del juicio a petición de la defensa.

De acuerdo al escrito de acusación, ambas firmaron el 3 de junio de 2022 un contrato que recogía la permuta de dos viviendas de la víctima ubicadas en la calle Predicadores y 60.000 euros en efectivo a cambio de un piso en la calle José Luzán a nombre de M. C. G. G. -luego se descubrió que ese domicilio no era propiedad de esta última- y 10.000 euros adicionales. Tras ello, la acusada acompañó a la anciana a varias sucursales de Ibercaja para completar una transferencia de 57.500 euros a su favor, la misma cantidad que las partes acusadoras reclaman ahora como indemnización en concepto de responsabilidad civil. También interesan el pago de multas de entre 6.600 y 5.400 euros.

Tanto la acusación particular como la Fiscalía consideran que M. C. G. G. se prevalió de «la vulnerabilidad, la soledad y la desesperanza» en la que se encontraba la denunciante -«ideas delirantes con un patrón de comportamiento extraño y fantasioso», especifican- para suscribir el contrato. Como consecuencia de todo ello, y según las certificaciones del catastro y las aportaciones de dinero establecidas en el contrato, la ganancia de la acusada superaba los 100.000 euros.

Ayer, M. C. G. G. no pudo aclarar nada de lo sucedido ante la Sección Tercera de la Audiencia Provincial de Zaragoza porque su abogado, el penalista José Luis Melguizo, presentó un informe médico en el que alegaba el ingreso de su representada en un hospital con un cuadro de migrañas. A la suspensión del plenario accedió el tribunal y la sala, por otro lado, también estimó la petición del ministerio público para que un médico forense examinara a la acusada con la mayor celeridad posible.

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