El acuerdo alcanzado en Bruselas por España y Portugal para limitar el precio del gas que se utiliza para generar electricidad es, en principio, una buena noticia para los consumidores (aquellos que tienen la tarifa regulada), pero es forzoso esperar a que llegue la factura de la luz de mayo para aquilatar hasta qué punto las esperanzas se reflejan en un abaratamiento sustancial del servicio. A tenor de lo logrado sobre el papel y de su aplicación durante 12 meses, el megavatio hora quedará fijado en 40 euros en el mercado mayorista al inicio de la vigencia del acuerdo, que llegarán a los 50 euros de media al cumplirse un año. Pero no se pueden desdeñar algunas incógnitas sobre el funcionamiento del mercado y dar por seguro que el recibo de la luz será hasta un 54% menor que el actual como ha declarado la ministra Teresa Ribera, que ha negociado en Bruselas el tope del precio del gas que repercute en el de la electricidad.
Es un hecho que la situación de España y Portugal es sustancialmente mejor a la de la inmensa mayoría de países europeos en orden a tener garantizado el suministro de gas, su dependencia del comprado a Rusia es mínima y disponen de un parque suficiente de plantas gasificadoras de gas licuado, pero estos no son factores suficientes para no estar atentos a posibles contratiempos. No sin exageración, algunos medios han hablado de Iberexit para referirse a lo acordado y no son pocas las voces que entienden que la excepción pactada con España y Portugal -la isla energética- daña la cohesión del mercado único en una situación de máxima incertidumbre a causa de la guerra en Ucrania. De momento, la compañía estatal rusa Gazprom cortó ayer el suministro a Polonia y Bulgaria por negarse a pagar el servicio en rublos y es imprevisible qué otras medidas de presión puede decidir Vladímir Putin en respuesta a las sanciones impuestas por la Unión Europea, y cómo pueden repercutir en el conjunto de la UE.
Además, está por concretarse la reacción argelina al apoyo español a la solución autonómica para el Sáhara Occidental defendida por Marruecos. El Gobierno de Argel ha adelantado que cabe una revisión del precio del gas que la compañía estatal Sonatrach envía a la Península, pero se desconoce a cuánto puede ascender un eventual aumento del precio. El Gobierno español se ha prodigado en declaraciones sobre la fiabilidad del suministrador, pero tal condición no es incompatible con un encarecimiento del precio de compra y su posible efecto en el bolsillo de los consumidores.
Lo único totalmente cierto es que la dependencia energética europea debilita su capacidad de resistencia en una situación de crisis global, y todos los planes b insinuados y de aplicación de aquí al próximo invierno vaticinan, en el mejor de los casos, un sobreprecio de las importaciones si se decide prescindir de parte del gas ruso. Para que las reservas en Europa lleguen al 90% antes de los primeros fríos no hay otra que acudir a los países del Golfo, Argelia y Estados Unidos, y aun así será esta una solución momentánea y muy costosa, quizá difícilmente sostenible a medio plazo y en tanto avanza la transformación del modelo energético. Y con algunas soluciones técnicamente viables, aliviadoras de las carencias presentes, como la conexión con Europa de la red peninsular a través de Francia, tanta veces invocada y nunca ejecutada. De ahí la lógica de la isla energética hispano-portuguesa, cuya eficacia práctica, sin embargo, queda pendiente de comprobación con el recibo que en mayo reciban particulares y empresas.
