Es notoria la incomodidad, cuando no el abierto rechazo, de los socios de Gobierno y parte de sus votantes por las valoraciones que hizo el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, tras la muerte de una treintena de inmigrantes subsaharianos atrapados entre las vallas de la frontera de Melilla y las cargas indiscriminadas de la policía marroquí. Es un claro desacierto por parte del presidente del Gobierno considerar «bien resuelto» por parte de la gendarmería el asalto a las vallas, cuando es evidente que su intervención, tanto por la fuerza empleada como por la falta de atención médica a las víctimas y el oscurantismo sobre el resultado, hubiese sido intolerable en el lado español de la frontera.
Mostrar comprensión, al mismo tiempo, por la presión migratoria en Marruecos, es por lo menos coherente. Si España mantiene una política de control fronterizo y de regulación de la inmigración que llega a su país, y cuenta con la colaboración de Marruecos para facilitarla hasta el punto de, para garantizarla, poner en peligro la relación energética con Argelia, resultaría hipócrita culpar al país vecino. Pero eso no explica (ni tampoco basta para justificarlo la necesidad de compensar con gestos que van más allá de la buena vecindad la posibilidad de poner a Ceuta y Melilla bajo el paraguas de la OTAN) que se asienta con un silencio que roza la insensibilidad ante una actuación con un desprecio por la vida humana más que evidente.
De ahí que la fiscala general del Estado, Dolores Delgado, haya encargado a la fiscala de Sala coordinadora de Extranjería, Beatriz Sánchez, que investigue las circunstancias de lo ocurrido el pasado día 25 en la valla de Melilla, donde fallecieron 23 personas, aunque las oenegés presentes en el terreno elevan la cifra a 37.
La decisión de la fiscala general se fundamenta en la trascendencia y gravedad de los hechos, los cuales «pudieran afectar a los derechos humanos y los derechos fundamentales de las personas, así como en la singularidad y complejidad de la investigación», por producirse en territorio marroquí durante un intento de salto de la valla para acceder a España.
También el Defensor del Pueblo, Ángel Gabilondo, ha iniciado una instrucción para conocer qué es lo que ocurrió. Y hasta el comité de la ONU para la protección de los trabajadores migrantes y sus familias se ha pronunciado solicitando a los gobiernos de España y Marruecos sendas investigaciones. Mientras tanto, la Policía Nacional ha puesto el foco en las mafias como instigadoras en Melilla.