Cuando uno pensaba que ya había visto casi todo en relación a la implantación de los macroproyectos de renovables, resulta que aún le queda por ver propuestas que cada vez suenan más esperpénticas.
Se ha hablado mucho de la creación de puestos de trabajo y lucha contra la despoblación, pero los estudios han demostrado que en la realidad, y allí donde se implantan estos proyectos, no se genera tanto empleo. Y cuando en ocasiones sucede, es a costa de desmantelar otros sectores o servicios que estaban sirviendo de motor en los territorios afectados, además de seguir disminuyendo los habitantes de esas poblaciones, según los datos del INE, que posiblemente hubieran encontrado otras soluciones más endógenas y desde el compromiso de sus residentes.
También se ha prometido incrementar los servicios de las zonas rurales con aportes limosneros por parte de las grandes empresas que van a desarrollar sus proyectos, o regalar algunos servicios como el consumo eléctrico a sus habitantes, pero ni se dice cómo, ni cuándo, ni por cuánto tiempo, pues «luego ya si eso vamos viendo».
Por no decir que muchas de esas promesas son inviables y no tienen sustento legal ni administrativo para llevarse a cabo, según dicen empresas dedicadas a la gestión y desarrollo de proyectos energéticos.
Pero los titulares de estos días de los medios de comunicación ya dejaban las antiguas propuestas en algo casi anecdótico, pues decían que «el Gobierno de Aragón empieza a diseñar un impuesto que gravará el impacto visual de las renovables».
Además, el consejero de Hacienda matizaba que era para hacer frente a las afecciones adversas sobre el medio natural, por lo que se reconoce que los procesos no son inocuos para el medio ambiente. Añadían que la instalación de parques implica servidumbres y cargas para el entorno, el medio natural y el paisaje, no solo por las instalaciones, sino por todas las infraestructuras asociadas. y terminaban diciendo que ese déficit medioambiental debe ser reparado mediante tributos.
Todas estas afirmaciones que recogen claramente los efectos adversos de la implantación de grandes centrales renovables sobre el medio, contrasta con la falta de afección que reconoce el Instituto Aragonés de Gestión Ambiental (Inaga) a la mayoría de las propuestas presentadas, que califica como compatibles y beneficiosas. También están en conflicto con las afirmaciones de los proyectos presentados por las empresas, que consideran que todos los destrozos se pueden corregir y minimizar hasta justificarlos por un bien superior, en el que nunca han creído, que es la lucha contra el cambio climático.
Colocar 90 molinos en la Red Natura 2000 o en áreas de campeo de especies protegidas o en espacios singulares o en sierras bien conservadas o frente a pueblos declarados como Bien de Interés Cultural, no se puede ni se debe compensar con impuestos, sino directamente no colocarlos. Los valores de esos espacios hay que preservarlos, pues no hay cantidad de dinero que justifique la degradación del medio y la reducción de la biodiversidad, que terminará afectando a la calidad de vida y a la salud de los habitantes de esos territorios e incluso del planeta.
Pero aún se puede añadir que ni en esos sitios ni en ninguno hasta que no se establezca una planificación y ordenación adecuada, hasta que no se ponga en manos de la ciudadanía un bien básico como es la energía, hasta que no se faciliten y promuevan las comunidades de producción en manos de los vecinos, hasta que no se apueste legalmente por la generación distribuida y hasta que no se planteen las necesidades reales, pues la especulación y el desarrollismo no se corrige con impuestos, sino con planificación y con la legislación adecuada.
Como se suele decir no se puede sorber y soplar al mismo tiempo y esto es lo que parece querer conseguir el impuesto que se anuncia y que no da solución, sino que incrementa el problema, pues es posible que las empresas lo detraigan de las migajas que prometen repartir allí donde coloquen sus infraestructuras.
