El poder judicial y los demás poderes

En el volumen que escribió para su Historia de España, La época del liberalismo, Josep Fontana analiza el despojo al que fue sometido el campesinado español en las décadas centrales del siglo XIX por parte de la burguesía liberal.

La abolición de los señoríos, por parte de las Cortes de Cádiz en 1811 y durante el Trienio liberal, en 1823, distinguió entre dos tipos de derechos de los señores sobre la tierra. Los que tenían su origen en la jurisdicción (monopolios, castigos y multas…) debían abolirse, pero aquellos derivados directamente de la tierra, por la que los campesinos debían pagar una renta, no. Los títulos de propiedad servirían para distinguir unos derechos de otros, pero los señores consiguieron retener muchas tierras sin títulos de adquisición. En un proceso muy complejo y muy variado geográficamente, donde una parte de la nobleza, como los Alba, consiguió rehacer su fortuna a pesar de estar al borde de la ruina mientras otras familias veían mermado su patrimonio por el fin del mayorazgo, los pueblos iniciaron procesos judiciales porque pensaron que algunas propiedades no eran realmente de los nobles. En este sentido, las sentencias del Tribunal Supremo entre 1849 y 1928 fueron mayoritariamente favorables a los antiguos señores. En algunos casos podría haber sido de otro modo; es decir, se podría haber considerado que, sin título de propiedad, el dominio útil de la tierra, ejercido por el campesinado desde hacía siglos, le otorgaba la propiedad plena, pero no fue así. Al mismo tiempo, en el proceso de abolición de los diezmos el Estado indemnizó sobre todo a la burguesía laica que había arrendado el cobro de una parte de dicho impuesto.

Posteriormente vendrían las desamortizaciones, que aunque dieron comienzo ya en tiempos de Godoy, crecieron mucho entre los años treinta y los cincuenta del siglo XIX. Las consecuencias fueron muy variadas, pero una de las más importantes, a largo plazo, fue el crecimiento del campesinado jornalero. La Segunda República intentó resolver este problema con una Reforma Agraria que, según Malefakis, fue determinante para explicar el golpe de estado del 18 de julio de 1936, que debía evitar, entre otras cosas, que la estructura de la propiedad de la tierra en España se alterase lo más mínimo.

Dicho de otra manera, el nuevo orden liberal avanzó y se consolidó gracias a múltiples iniciativas, impulsadas desde distintos ámbitos por una clase social, la burguesía, que en España tuvo que pactar y recompensar a la vieja aristocracia terrateniente. Los liberales legislaron (señoríos, diezmos, desamortizaciones), pero también construyeron un sistema electoral censitario que les permitía asegurar mayorías parlamentarias y crearon también una nueva forma de entender el orden público, la Guardia Civil, para afrontar, entre otras cosas, la posible oposición de los campesinos, como así ocurrió en el caso de la privatización de los montes y de los comunales. En este sentido, el poder ejecutivo y el poder legislativo pusieron en marcha un conjunto de reformas que el poder judicial consolidó.

Es interesante recordarlo, porque a menudo tendemos a pensar que la historia se construye con decisiones políticas o diplomáticas, gracias a una situación económica determinada o incluso mediante la intensidad de las protestas sociales. Pero también las decisiones judiciales deberían ocupar un espacio dentro del análisis histórico, aunque determinadas asociaciones, medios de comunicación o partidos políticos pretendan identificar con la anti-España a todo aquel que lo intente.

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