No hay que ser un lince en esto de la política para predecir que el PAR camina hacia la autodestrucción. Y es una pena , un desastre para el panorama político aragonés, pues la centralidad regionalista que ha jugado en toda su historia, ha permitido cambios suaves en los diferentes gobiernos, hechos con serenidad y cordura, que le han dado a nuestra comunidad autónoma ese prestigio de ser tierra de pactos que tanto nos gusta escuchar.
En sus casi cincuenta años de historia ha gobernado en solitario con Hipólito Gómez de las Roces como presidente, formado gobierno con el PP y el PSOE, y hasta dentro de un cuatripartito con la izquierda en estos últimos años. El equilibrio que ha jugado en estos tiempos con dirigentes como el mencionado Hipólito Gómez de las Roces, José Ángel Biel, José María Mur, Emilio Eiroa, Juan Antonio Bolea oArturo Aliaga, le ha permitido desarrollar un regionalismo pragmático y moderado, capaz de neutralizar las ínfulas del nacionalismo aragonés y hacer de cortafuegos al expansionismo nacionalista vasco y catalán.
Si bien es cierto que esa forma de hacer política, que Biel definió como la de ser «el clavico del abanico» ha ido achicándose electoralmente (ha pasado de los 19 en 1987 a 3 parlamentarios en la actualidad) y que la polarización extrema y la abundancia de marcas electorales les podía llevar a la irrelevancia, su mayor crisis la está protagonizando la sentencia del magistrado del juzgado de primera instancia número 18 de Zaragoza del 28 de noviembre de 2022 (sentencia 432/2022) «sobre las irregularidades cometidas en el último congreso» del partido. Los perdedores hicieron la denuncia en el juzgado con las pruebas pertinentes, y ¡¡oh sorpresa!!, el juez la tomó en consideración, dando paso a juicio y a una resolución por la cual se anula parte del procedimiento, dejando a la dirección elegida en ese congreso en el limbo.
Y es aquí donde quiero detenerme. Denuncias por irregularidades en el funcionamiento interno de los partidos políticos las ha habido en el PSOE, en el PP, en IU, en Ciudadanos, y hasta en Podemos, pero nunca habían prosperado, ya que los jueces siempre remitían a los estatutos de cada organización, que sobre la letra siempre garantizan el funcionamiento democrático, o a las comisiones de garantías u órganos semejantes que suelen resolver los conflictos internos.
Pero esta sentencia rompe esa norma no escrita, que daba alas a los abusos de los aparatos, y anula los acuerdos de la comisión organizadora del congreso impugnado, de la comisión ejecutiva que aprobó las listas de compromisarios y hasta de la proclamación de los resultados, por vulnerar los derechos de los demandantes que fueron arrollados en el congreso.
Se refiere a los derechos recogidos en la ley orgánica 1/2002 de 22 de marzo que desarrolla el art.22.1 de la Constitución y en la de partidos políticos de marzo de 2015. «La estructura interna y el funcionamiento de los partidos políticos deberán ser democráticos, estableciendo en todo caso fórmulas de participación directa de los afiliados en los términos que recogen sus estatutos» (art.7.1 y 7.2).
La democratización interna de los partidos políticos es fundamental para el buen funcionamiento de nuestro sistema político, ya que, de los contrario, corremos el riesgo de que entre los ciudadanos aumente el descrédito que la vida política arrastra. De sobra sabemos que en este sistema no hay alternativa al sistema de participación. Por eso es preciso que la obligación constitucional de tener un funcionamiento democrático lleve aparejada la vigencia y práctica de los derechos fundamentales en su seno.
La debilidad de todos ellos, tanto de los nuevos como de los viejos partidos, es preocupante en España y en Europa. A pesar del relevante papel que les asigna la Constitución, su escaso arrastre entre la ciudadanía deja enormes espacios a las soflamas populistas y apocalípticas con las que nos asedian las redes. Por eso hoy los partidos políticos fuertes, representativos, con funcionamiento democrático y respeto a las diferencias son imprescindibles para el sistema.
La sentencia permite albergar la esperanza de no volver a prácticas de este tipo durante un cierto tiempo. El panorama de siniestros personajes, especialistas en la manipulación de las normas internas, y en sus comportamientos antidemocráticos, aposentados en instituciones que representan la participación democrática de los ciudadanos, me produce pavor.
«Los partidos políticos deben ser los guardianes de la democracia» (Tzvetan Todorov, Los enemigos íntimos de la democracia), pero esta tarea será imposible si, como en gran parte de ellos ocurre, los afiliados tenemos más derechos como ciudadanos que como militantes.