No podía faltar. Unas elecciones sin la polémica de las pensiones seria como «un jardín sin flores». Y eso que cuando se constituyó la subcomisión permanente para debatir sobre las pensiones, el famoso Pacto de Toledo, pensábamos que por tener en sus objetivos «evitar la utilización de las pensiones como munición electoral», eso no iba a ocurrir. ¡¡Qué ilusos¡¡
En estos tiempos donde empieza a ser tan difícil distinguir lo verdadero de lo falso o la intoxicación informativa, la manipulación y la confusión interesada sobre esta cuestión no ha hecho más que empezar. Porque hay más de diez millones de pensionistas, con los más altos niveles de participación electoral, y se nos considera presa fácil de cualquier campaña , bulo o mentira. Hay veces que, escuchando algunas declaraciones, pienso que nos hablan pensando que nuestro coeficiente intelectual roza la deficiencia.
De sobras sabemos que desde hace muchos años hay dos modelos del sistema de pensiones confrontados en nuestro país y en casi todos los del mundo desarrollado, sobre todo desde comienzo de este siglo. El primero es el sistema público, que en nuestro país llamamos de reparto, basado en el pacto generacional, en el que nosotros pagamos la pensión de nuestros padres y nuestros hijos pagan la nuestra. Es un sistema resistente a las crisis, pero muy débil ante el envejecimiento de la población y la regresión demográfica. Desde 1986 hasta la fecha ha pasado por nueve reformas en profundidad, un «libro verde sobre pensiones», sucesivas recomendaciones aprobadas en el Pacto de Toledo y numerosos ajustes presupuestarios, que hacen de la Seguridad Social ejemplo de reforma permanente y adaptación a la realidad que se ha ido presentando.
Frente a este nos encontramos con un modelo de capitalización, que puede ser complementario a la pensión, o total, que basado en la aportación personal y algunas veces complementado por la empresa en forma de fondos de pensiones , busca la rentabilidad en los diferentes productos financieros. Actualmente, en nuestro país hay millones de trabajadores que, a través de la negociación colectiva, pactaron un fondo que les sirve de ahorro y complemento de la pensión pública. El sistema de capitalización, en cualquiera de sus modalidades, es muy sensible a las crisis económicas o a cualquier fluctuación financiera. El reciente caso de Gran Bretaña es un ejemplo claro: una política drástica de recorte del gasto y de reducción de impuestos del anterior gobierno, origina tal desconcierto que produce tales fugas de capital en algunos fondos, ocasionando un pánico que los pone al borde de la quiebra, y arrastra a millones de pensionistas que tienen sus pensiones en ellos. O la crisis del 2008 que ocasionó pérdidas de un 20%. Son ejemplos muy recientes a considerar.
Mucho del ruido que viene haciéndose desde hace cuarenta años se escuda en amenazas catastrofistas: «los jóvenes no tendrán pensión»; «las pensiones son la ruina del país»; «¿quién pagará los excesos de los pensionistas?». Todas ellas responden al interés económico de llevarse al sector privado la mayor parte de la tarta posible, porque ahí está el negocio, tras haber comido gran parte de la educación y de la sanidad.
Para ello siguen utilizando plataformas de gabinetes como Fedea, el del BBVA, Funcas, y a cualquier tertuliano «experto» o ilustrado que le venga al pairo atacar al sistema y, como siempre, a los técnicos del Banco de España, que vienen haciendo los mismos pronósticos desde el año 1986.
La subida del 8,4% con arreglo al IPC ha disparado su agresividad en estos últimos meses, y eso que solo se ha cumplido la ley recientemente aprobada, pero normalizar con semejante subida su aplicación les desconcierta y la convierten en un agravio ante las dificultades de nuestros jóvenes y la escasa subida de los salarios. Por eso cuestionan la segunda fase de la reforma, aunque fuese pactada con los sindicatos y obtuviera el visto bueno de Bruselas.
Abordar la sostenibilidad del sistema por la vía de los ingresos tras los sucesivos recortes de las prestaciones es lo más justo. Por eso, las personas con ingresos más altos de 53.496 euros, que estaban exentos de contribuir en la parte superior de esta cantidad, aportaran hasta llegar al 6% en 2045, se amplía el periodo de cálculo de las pensiones, se mejoran los vacíos de cotización, se encomienda a la Airef la supervisión de los ingresos y gastos en la perspectiva del 2050. Se garantiza que las desviaciones de gasto obliguen a buscar soluciones en el Pacto de Toledo y se mejoren las pensiones más bajas.
Y todo ello a pesar de que el gasto en pensiones de España es el 12,6% del PIB frente al 14,1% de la zona euro, y que las cuotas pagadas a la Seguridad Social en función del coste laboral de salarios medios de los trabajadores, según Eurostat, es del 39,5% frente al de Alemania (48,9%), Portugal (41,84%), o el de las economías más próximas.
Cuando Feijoo dice que si gobierna derogara la reforma, suena más a amenaza que a alternativa. Hasta ahora lo más parecido a una propuesta que le hemos oído ha sido decir que le gusta más la reforma de Macron que la de Sánchez.
Seguramente será por aquella declaración del presidente francés, «he asumido tranquilizar a los mercados antes que aplacar la indignación popular».