En noviembre de 2018 gobernaba Pedro Sánchez, la moción de censura contra Mariano Rajoy había sido en mayo y en julio el congreso nacional del PP eligió a Pablo Casado como su presidente frente a Soraya Sáez de Santamaría. Lo que bloqueó entonces la renovación de los órganos de gobierno de los jueces y del Tribunal Constitucional no fueron ni las propuestas de Podemos, ni los independentistas catalanes, ni Bildu. La ruptura de un acuerdo ya cerrado de renovación, que incluía la presidencia para el magistrado Manuel Marchena, la propició Ignacio Cosidó, hombre próximo a Casado.

Para informar del acuerdo que se había alcanzado entre los grupos del Congreso, Cosidó en ese momento portavoz del grupo popular en el Senado, envió un whatsapp a sus senadores explicándoles que el pacto permitiría al PP controlar «por detrás» la sala segunda del Supremo, la única competente para enjuiciar a diputados, senadores y demás aforados. Algún amigo filtró aquel mensaje, se produjo un gran escándalo y se rompió el pacto. Ahora los que se niegan a un acuerdo, han perdido la memoria y quieren aparecer como los garantes de la independencia judicial. Aunque hay alguna voz ayusista que declara abiertamente que el PP tiene el apoyo de la mayoría de la carrera judicial.

La Constitución y las leyes de desarrollo ordenan que al CGPJ lo eligen las Cámaras con una mayoría de tres quintas partes. El PP había acatado siempre esta fórmula, cuando ganaba con gusto y cuando perdía arrastrando los pies. Ahora, Casado, dice que si el sistema de elección no se cambia y son los jueces los que eligen el Consejo, no hay renovación. Con toda seguridad habrá que encontrar una fórmula que evite en el futuro la excesiva dependencia política de los miembros del CGPJ y del Tribunal Constitucional. Mientras tanto la legislación que está en vigor hay que cumplirla. La tesis del desacato de Casado es la misma de Puigdemont y Torra, las leyes que no me favorecen, las ignoro.

Cuando el PP tuvo mayorías absolutas en las Cámaras pudo pero no quiso cambiar esa ley. Hoy no tienen ninguna razón para no cumplirla. En democracia las mayorías cambian las leyes, pero mientras las normas están en vigor nos obligan a todos: igual a Casado que a Sánchez, y no podemos pararnos a pensar si va antes la reforma de la ley o nombrar a los ya caducados vocales. Las cuatro asociaciones judiciales piden a los partidos políticos que no instrumentalicen este debate con fines exclusivamente partidistas, pero no todos han tenido las mismas cotas de responsabilidad. En estos tiempos tan vertiginosos es necesario tener algo de memoria.