A Macarena Olona le parece que poco se ha espiado desde el CNI frente a la amenaza independentista catalana. Rufián pide que, ya que se ha espiado, espía y se espiará desde la inteligencia del Estado no se haga de forma alegal, esto es con la tutela judicial efectiva y con rendimiento de cuentas. Y aquí llevamos atrapados desde 2017 en el laberinto catalán y sus consecuencias, en su debilitamiento y confrontación interior que hace entendible las posiciones de ERC cada vez más reticente a apoyar al Gobierno de la nación mientras sus competidores electorales no se mueven del no.
La ministra Robles se escuda en un tono mucho más desabrido que el del propio presidente del Gobierno o del ministro Bolaños en cuál debería ser la obligación de un gobierno cuando alguien vulnera la Constitución o los principios básicos del Estado de derecho. Pues responder bajo los criterios de ley y la transparencia diría cualquier convencido de que la democracia no solo tiene fines sino también procedimientos. El presidente Aragonès, mientras, pide directamente la dimisión de Margarita Robles, por encima de que se establezcan los hechos, se conforme una comisión de investigación o se someta al CNI de nuevo al control parlamentario tras tres años del bloqueo PSOE- PP.
Más allá de las últimas noticias sobre la implicación de Elies Campo, redactor del informe de Citizien Lab, responsable de la denuncia de espionaje incontrolado y su activismo en Tsunami Democràtic, y de las dudas sobre la intervención del Tribunal Supremo, seguimos tratando con especulaciones que deben resolverse como solicitaba el portavoz Aitor Esteban con la apertura de la comisión, la desclasificación de los documentos sobre el espionaje, y con más amplias miras, la modificación de la ley de secretos oficiales. El PNV lleva 6 años intentando que se apruebe la nueva ley de Secretos.
La razón de Estado es imprescindible en la supervivencia del mismo y de su lucha contra el delito, pero en una democracia está sujeta a la rendición de cuentas. Si en algún momento las maniobras discretas pero regladas de la razón de Estado salen a la luz es inevitable que se demanden responsabilidades. Aunque en medio aparezca el peligro de la derivada rusa y sus injerencias en el proceso soberanista, el riesgo de una guerra híbrida que llevamos sufriendo desde principios de siglo, donde la financiación a partidos políticos o la intromisión en redes cibernéticas son elementos tan desestabilizadores como las incursiones físicas, nos debe volver prudentes con este asunto, pero firmes. La libertad individual y el Estado de derecho no resisten al impacto de un sistema de espionaje totalitario.
