Marbella va dejando de ser, poco a poco, el paraíso de los desmanes inmobiliarios en que se convirtió al amparo del GIL, el partido creado por el desaparecido alcalde Jesús Gil. El Tribunal Superior de Justicia andaluz ha dado la razón a la Junta anulando, hace días, la aprobación en 1998 del Plan de Ordenación Urbana (PGOU). El TSJA entiende que dicho plan menoscababa las competencias autonómicas y que se aprobó sin ajustarse a derecho.
Al PGOU, que salió adelante por silencio administrativo, se acogen la mayoría de las últimas construcciones irregulares. También ha provocado medio centenar de procedimientos judiciales por delitos contra la ordenación del territorio o prevaricación en la firma de convenios urbanísticos, en los que están implicados miembros de la anterior corporación marbellí, con Julián Muñoz a la cabeza, e incluso del actual Gobierno local y que pertenecieron antes al GIL.
