Madrid.-- Las comunidades autónomas han pedido hoy al Gobierno que ponga en marcha un proceso de diálogo e incluya una dotación económica suficiente para poner en marcha su reforma educativa.Tras la conferencia sectorial en la que la ministra de Educación, María Jesús San Segundo, ha presentado a los consejeros autonómicos el anteproyecto de la Ley que regulará la enseñanza no universitaria, la consejera de Educación de la Generalitat, Marta Cid (ERC), ha considerado que el texto debería desembocar en una "ley útil, que dé estabilidad al sistema, que permita ejercer las competencias transferidas y que tenga financiación".En este sentido, la consellera ha subrayado que "aunque la ley sea buena, si no hay una memoria económica y una financiación efectiva difícilmente podremos dar respuesta a las necesidades que el sistema tiene planteadas en este momento".Por su parte, la secretaria de Política Social y Bienestar del PP, Ana Pastor, y el consejero de Educación de Madrid, Luis Peral, en nombre de las autonomías gobernadas por populares, han criticado el texto. En su opinión, empobrece la calidad de la enseñanza y contiene en sus términos una falsa equidad. Además, han lamentado que el Gobierno pretenda la igualdad de todos los alumnos en el desconocimiento y han denunciado que "se ha perdido una legislatura" para avanzar en la mejora del sistema educativo.Más positiva fue la reacción del consejero de Educación de Galicia, Celso Currás (PP), para quien el borrador "no es un mal texto" y "se mantiene muy fiel" a la ley de calidad del PP, aunque apreció "deficiencias" en la Enseñanza Secundaria Obligatoria (ESO) al dar más "flexibilidad" al alumno para su promoción.También desde una autonomía gobernada por los populares, la valenciana, el consejero Alejandro Font de Mora, ha demandado al Gobierno la búsqueda de un "diálogo sincero y del consenso" con las autonomías en la reforma educativa y la inclusión en la ley de una memoria económica.Documento para el debatePor parte de los consejeros socialistas, la responsable de Educación de la Junta de Andalucía, Cándida Martínez, ha valorado que el anteproyecto sea un documento "para el debate, abierto a las aportaciones de las autonomías" y que la ministra haya realizado un compromiso de financiación.Además y según la consejera andaluza, la ministra se ha comprometido "a presentar la memoria económica y ha señalado que hay un compromiso de financiación de la Ley".También la consejera de Educación de Aragón, Eva Almunia, ha querido destacar que que el anteproyecto respeta las competencias educativas y cómo la reforma "simplifica la actual legislación", algo que consideró "muy positivo no sólo para las comunidades, sino también para los propios centros".
