El presidente de la Unión Sindical de Controladores Aéreos (USCA), Camilo Cela, y otros quince controladores han sido citados a declarar la próxima semana como imputados por un juzgado madrileño en relación con el cierre del espacio aéreo de los pasados días 3 y 4 de diciembre.

La titular del Juzgado de Instrucción número 3 de Madrid, María del Sagrario Herrero, ha citado a los controladores desde el lunes hasta el jueves para investigar su supuesto abandono del puesto de trabajo en los centros madrileños de Barajas y Torrejón de Ardoz durante el último Puente de la Inmaculada.

Los dieciséis controladores han sido citados a declarar por la magistrada en calidad de imputados, decisión respaldada por las diversas asociaciones que se presentan como acusación en la causa, entre las que se encuentran la Agrupación de Demandantes, la Organización de Consumidores y Usuarios (OCU) o la Asociación Catalana de Agencias de Viajes (ACAV).

Fuentes jurídicas han destacado a Efe que la magistrada también ha citado como imputados a otros varios controladores aéreos para los días 12, 13, 15, 19 y 20 de septiembre.

Pocos días después del caos aéreo, algunos controladores fueron citados a declarar por la Fiscalía de Madrid, pero se negaron a contestar a las preguntas del Ministerio Público alegando que tras la militarización del control aéreo y la declaración del estado de alarma no deberían ser investigados por la jurisdicción ordinaria, sino por la militar.

Sin embargo, el fiscal jefe de Madrid, Eduardo Esteban, explicó que la jurisdicción ordinaria era la única competente ya que los hechos por los que iban a ser preguntados eran los ocurridos antes de que el Gobierno decretara el estado de alarma. Por su parte, el fiscal general del Estado, Cándido Conde-Pumpido, anunció que los que faltaron a sus puestos se podían enfrentar hasta a 8 años de prisión por sedición.