Es más que probable que hoy se repita la imagen de un enjambre de cámaras arremolinándose alrededor de un grupo de gente a las puertas de los tribunales de la plaza de Castilla de Madrid. El objeto de deseo serán los cuatro controladores aéreos, citados por la titular del juzgado número tres, imputados por el caos aéreo del 3 y 4 de diciembre del 2010. En otros lugares de España ya han comenzado a dar su versión de lo ocurrido pero la novedad de esta semana es que se pedirán explicaciones a la cúpula del sindicato Unión Sindical de Controladores Aéreos (USCA). Su presidente, Camilo Cela, declara mañana.

Será una semana en la que desfilarán hasta 16 profesionales de torres y centros de control de Barajas y Torrejón de Ardoz, a los que se les acusa de haber abandonado su lugar de trabajo. En total, más de 430 trabajadores de los 47 aeropuertos de la red de AENA se ausentaron de sus puestos entre el viernes 3 y el sábado 4, lo que obligó a cerrar el espacio aéreo, declarar el estado de alarma y poner en manos de los militares unas instalaciones en las que quedaron literalmente tirados 600.000 usuarios.

SIN VOLUNTAD DE HACERLO En Asturias, Andalucía, Galicia o Cataluña ya han comenzado a declarar. Los distintos magistrados que se ocupan del caso han escuchado el relato de unos controladores aéreos que se han declarado superados por los acontecimientos de aquellos días. Que han asegurado sentirse acosados por AENA y el Ministerio de Fomento y que la tarde de aquel fatídico viernes descubrieron con un nuevo decreto aprobado por el Consejo de Ministros que muchos de los privilegios que habían tenido durante décadas se esfumaban de un plumazo.

La jueza María del Sagrario Herrero escuchará mañana la versión de Camilo Cela a pesar de que, cuando los trabajadores de las torres y centros de control optaron por abandonar, él no trabajaba ya que estaba sentado en una mesa de negociación en la sede de Fomento. La gran duda, que nadie sabe si se resolverá, es saber si los distintos magistrados pueden probar que hubo una intención colegiada. Desde el primer momento los controladores siempre se justificaron en indisposiciones de salud para desasistir sus tareas.

PENAS DE PRISIÓN Los imputados se enfrentan no solo a las antipatías de los afectados sino también a penas de prisión que podrían sumar hasta ocho años. Y después, cuando la justicia ordinaria haya acabado su trabajo, AENA se encargará (como ya hizo con otros profesionales gallegos) de dilucidar qué sanción les impone, ya sea una multa de varios miles de euros, el traslado obligatorio a otro centro de trabajo o directamente el despido.