La Agrupación de Demandantes Afectados por el caos aéreo del pasado mes de diciembre presentará una demanda administrativa por daños y perjuicios contra AENA al entender que la empresa pública es "totalmente responsable" del "paro salvaje" de los controladores, que se podía haber evitado. Los demandantes piden 10.000 euros como indemnización por daños morañles para cada afectado. Así lo avanzó Luis Vericat, abogado del bufete Cremades y Calvo Sotelo, que representa a esta agrupación, a las puertas de los juzgados de Plaza de Castilla de Madrid donde ayer prestaron declaración en calidad de imputados dos controladores de los centros de control aéreo de Barajas y Torrejón. Según explicó Vericat, la agrupación que representa reúne a 10.000 afectados por el caos aéreo de de diciembre, lo que supondría un monto cercano a los 100 millones de euros en indemnizaciones.

Los dos primeros controladores llamados a declarar alegaron "una disminución de sus capacidades psicofísicas" para abandonar su puesto de trabajo y aseguraron ante el juez que no se trataba de una iniciativa coordinada. Se prevé que todos los controladores interrogados mantengan la versión de que no existió orquestación de ningún tipo ni huelga encubierta entre ellos y que se ausentaron del trabajo por causas médicas, principalmente estrés y ansiedad.

ABANDONO DE SUS FUNCIONES Sin embargo, el letrado Luis Vericat insistió en que no pudo ser "casualidad" que 400 personas se pusieran enfermas a la vez. "No es creíble", dijo, para añadir que pisar los derechos de los ciudadanos no puede "salir gratis". Ayer declararon de 12.00 a 16.00 dos de los cuatro controladores que estaban citados (los otros dos se ausentaron por razones médicas) aunque, según informaron fuentes jurídicas, se negaron a responder a los abogados de la acusación particular.

Aunque en un principio se apuntó que los controladores podían haber incurrido con su conducta en un delito de sedición (penado con hasta ocho años de cárcel), parece más probable que los hechos sean constitutivos de un delito de abandono de sus funciones, para el que se prevé multa de ocho a doce meses por "abandono colectivo y manifiestamente ilegal de un servicio público" y, en el caso de los organizadores, también la suspensión de empleo y sueldo durante seis meses a dos años.

El abogado de una de las controladoras aéreas llamadas a declarar ayer, Carlos Vila, alegó que su defendida sufrió "un ataque de nervios" después de que se produjera un conato de colisión entre un avión y un helicóptero, por lo que tuvo que ser relevada de su puesto a instancias de su superior. Además, rechazó o que su defendida pidiera la baja de forma coordinada con sus compañeros y recordó que en los procesos penales es necesario individualizar las responsabilidades. "No se puede abrir un proceso inquisitorial por orden alfabético", ha añadió Carlso Vila.