La industria farmacéutica española calificó ayer de "inadmisible" que se obligue a los médicos a prescribir principios activos, y no marcas de medicamentos, cuando extiendan recetas con cargo a la financiación pública. Esta medida fue acordada el pasado jueves por el Consejo Interterritorial de Salud, que reúne a los responsables de sanidad de todas las autonomías y preside la ministra Leire Pajín. Frente al rechazo de Farmaindustria, la decisión, que incluye el requisito de que el fármaco entregado sea siempre el más barato entre los iguales de distinta marca que estén comercializados, es aplaudida por los colegios de médicos y las asociaciones de consumidores.
Recetar principios activos --la sustancia predominante en un fármaco y no su nombre comercial-- implica que las farmacias deberán optar casi siempre por un medicamento genérico, cuyo coste es hasta un 25% inferior al de su homólogo de marca. "Es un error desproporcionado y dañino dejar caer todo el peso y la responsabilidad de la sostenibilidad del Sistema Nacional de Salud en la industria farmacéutica", indicó Humberto Arnés, presidente de Farmaindustria. Con esta decisión, las autonomías españolas pretenden ahorrar 2.400 millones de euros en consumo de fármacos, informó el Ministerio de Sanidad.
NO CONFUNDIR La patronal de la industria farmacéutica consideró asimismo que "obligar" a recetar principios activos supone una intromisión en la actividad profesional de los médicos y en la calidad de la asistencia que reciben los pacientes. En cambio, la Organización Médica Colegial (OMC), que representa a todos los colegios de médicos españoles, defendió la iniciativa de recetar principios activos. El presidente de la OMC, Jerónimo Fernández Torrente, propuso que los fármacos mantengan una apariencia similar y coherente, con el fin de no confundir a los usuarios.
También la asociación de consumidores Facua suscribió la decisión de los responsables de sanidad. En este mismo sentido se manifestó el presidente del Foro Español del Paciente, Albert Jovell. "Lo importante es establecer acuerdos para que los pacientes accedan a los mejores fármacos, y que se mantenga la autonomía del médico", dijo.
Si las medidas anunciadas se plasman en un decreto ley y entran en vigor, concluyó Farmaindustria, el sector, "que ya ha sufrido recortes similares en el último año" perderá unos 5.000 empleos directos y más de 20.000 indirectos. El presidente de la patronal, no obstante, se declaró convencido de que en España se consumen fármacos de forma excesiva, por lo que se mostró partidario de trabajar con las autonomías para reducir el número de recetas con financiación pública. Arnés reiteró su contrariedad ante el intento de que ese fin se intente conseguir por la vía de reducir sus precios.
