"La religión no manda en Irlanda", dijo la semana pasada el primer ministro irlandés, Enda Kenny, en un discurso en el Parlamento en el que acusó con una dureza sin precedentes al Vaticano de haber alentado a los obispos islandeses a que no denunciaran los abusos contra niños a las autoridades civiles. La respuesta de la diplomacia vaticana tampoco tiene precedentes: ayer, el Vaticano llamó ayer a consultas a Roma al nuncio en Dublín, Giuseppe Leazza.
Según Federico Lombardi, portavoz del Papa, la decisión pretende ayudar a responder "la pregunta planteada por el Gobierno irlandés en el informe de la diócesis de Cloyne". "Nunca hemos instado a los obispos a que no denunciasen a los pederastas", añadió.
Ese informe es el que ha desatado la crisis Roma-Dublín. Se trata del cuarto informe sobre los abusos a niños en Irlanda, esta vez centrado en la diócesis de Cloyne (condado de Cork, sur de Irlanda). En las 400 páginas del texto se acusa a 19 sacerdotes de unas 15 violaciones, entre 1996 y el 2009.
La interpretación eclesial del informe abona la vieja teoría de la oveja negra: monseñor John Magee, obispo de Cloyne dimitido en el 2010 y exsecretario personal de tres papas, no hizo caso a las directrices vaticanas sobre las normas de protección de menores que elaboró la conferencia episcopal irlandesa ni las que el entonces cardenal Joseph Ratzinger decretó en el 2001.
Una teoría que el Gobierno irlandés no acepta. "Por primera vez en Irlanda, un informe sobre abusos sexuales contra menores evidencia un intento de la Santa Sede de frustrar una investigación en una república soberana y democrática", acusó al Vaticano el primer ministro Kenny, que calificó a las autoridades católicas de "elite inoperante". El pulso está servido.
