Al metódico silencio impuesto por la Consejería de Salud de la Generalitat catalana, los alcaldes han respondido con un contundente grito de protesta. La decisión del departamento que dirige Boi Ruiz de cerrar --o en su defecto-- recortar los horarios de atención al usuario en 110 consultorios y ambulatorios públicos catalanes preocupa, y mucho, a los alcaldes afectados, sobre todo a los del área metropolitana de Barcelona y zonas rurales de Gerona, que son las que se llevan la peor parte. La queja es generalizada. No importa el color político.

"No es poniendo en riesgo la salud de las personas, aplicando recortes en los servicios de urgencias, como se han de buscar medidas de ahorro", denunció ayer en un comunicado el alcalde convergente de Hostalric (Gerona), Josep Frias. El edil, que a partir de agosto tendrá que recorrer 20 kilómetros, hasta Santa Coloma de Farners, para ser atendido en caso de emergencia, anima a los ayuntamientos vecinos a emprender acciones de presión para que Salut rectifique.

No es una queja aislada. En el último mes, han llovido las mociones en contra de la decisión de la Generalitat en los consistorios afectados. Anoche mismo, Ripoll (Gerona) --también gobernado por CiU-- aprobó un texto de protesta contra el cierre nocturno de su ambulatorio. En esa misma comarca, los alcaldes nacionalistas de Molló, Sant Pau de Segúries y Vilallonga de Ter han hecho lo propio.

La voz de los alcaldes no hace más que recoger, de hecho, las protestas que desde hace ya días vienen elevando médicos, enfermeras, conductores de ambulancias y usuarios. Las movilizaciones abundan en Barcelona, Sant Feliu de Llobregat, L´Hospitalet, Castellbisbal, Castellar del Vallès, Sabadell... La alarma social en Cataluña es palpable.