El hostelero "crucificado" de Grado (Asturias): abre con todas las licencias y le obligan a cerrar tras invertir medio millón de euros

El hostelero Bernardo Álvarez, "Pachanga", ha escenificado este domingo en Grado (Asturias) una crucifixión tras tener que cerrar su restaurante, el Trastevere, en la villa moscona. Abrió con todas las licencias y permisos correspondientes, con todo en regla, y tras la denuncia de un particular, una sentencia ha obligado ahora a ejecutar el cierre. El joven, padre de familia y del que dependen otras cinco de otros tantos trabajadores del local, había invertido medio millón de euros en el establecimiento, uno de los más populares de la localidad. El fallo se basa en que la catalogación urbanística del inmueble que acoge el negocio no permitiría el uso que ha tenido después de que su propietario lo haya rehabilitado, aunque la argumentación jurídica es más compleja que eso.

Este domingo, a las doce del mediodía, el hostelero atravesó el mercado de la villa cargando una pesada cruz de madera. Con una dignidad impresionante y en silencio, descalzo, vestido solo con una pieza blanca similar a aquella con la que se representa a Cristo en la cruz, llegó hasta la plaza General Ponte, donde con ayuda de familia y amigos se simuló la crucifixión. Recibió hasta unos latizagos, también simulados, como parte del acto llevado a cabo para dar a conocer su situación. Al grito de "ánimo", los vecinos que le rodeaban han roto el silencio de respeto a la acción del joven con un sonoro y emocionante aplauso con el que se testimonió el apoyo del pueblo al hostelero.

Fue en enero de 2020 cuando Bernardo Álvarez toma la decisión de iniciar el proyecto de su gastrobar y después de solicitar y obtener todos los permisos y muchos meses de trámites abre con gran éxito en la villa moscona. Tanto el Ayuntamiento de Grado como el Principado (Patrimonio) habían dado el visto bueno necesario a la tramitación de la iniciativa. Luego, una denuncia de un particular hace que se inicie el "vía crucis" de este joven que, quince meses después de abrir, se ve obligado a cerrar por sentencia judicial. 

La situación que se produce tras la denuncia del particular se debe a que el edificio que alberga el gastrobar está ubicado en una zona de protección del casco histórico y cuenta con una protección singular parcial, conforme al catálogo urbanístico del concejo. La disquisición en el pleito tuvo que ver con si la catalogación del inmueble permitía o no esos usos. El Ayuntamiento había dado la licencia y lo hizo con todos los informes favorables en la mano, incluido el de Patrimonio del Principado, con lo que se que respaldó la obra para rehabilitar el edificio y dotarlo del nuevo uso.

Ante los reveses judiciales (el asunto terminó en el Supremo), el Ayuntamiento ha ido presentando recursos a las sentencias para tratar de obtener un fallo favorable en la línea de los informes que avalaron la concesión de las licencias, pero al final no ha sido así. El hostelero, pese a tener todo en regla y haber ido "por el libro", es el primer damnificado ante esta situación que le obliga a cerrar, despedir e indemnizar a su personal, devolver la subvención que obtuvo como emprendedor en el municipio y a asumir letras y gastos que de momento no sabe cómo va a afrontar.

Bernardo Álvarez asegura que llegará "hasta dónde sea necesario" para tener una solución y que a su familia, su "prioridad", "no le falte nada". Si tiene que protagonizar un encierro o una huelga de hambre lo hará, asevera.

"Nos obligan a cerrar y a ir a la ruina literalmente. Mañana seis familias se quedan sin trabajo, sin ingresos, yo también, con un niño pequeño, una hipoteca, otra hipoteca del local, una subvención que obtuvo el negocio que hay que devolver y nadie soluciona nada. Un local que queda parado, que no se sabe para lo que vale que esté cerrado", explicó este domingo Bernardo Álvarez.

"Abrimos como hace 15 meses, acometimos una inversión, pedimos una subvención y tardamos once meses en tener las licencias. Fue a Patrimonio, todo súper lento, que no funciona la Administración para nada... Una vez que tenemos todos los permisos del Ayuntamiento, de Medio Ambiente, de Patrimonio, pues empezamos las obras, tardamos dos años y medio en los que no trabajo, no tengo ingresos, estoy pagando arquitectos, mínimos de agua y de luz todos los gastos que conlleva...Y un vecino denuncia, hay un juez que le da razon y estamos en estas...", dijo a La Nueva España, de Prensa Ibérica.

El joven presentará denuncias contra el Ayuntamiento de Grado por responsabilidad patrimonial y todos los aspectos "que proceda". "Pleitear y ya se sabe, cobrar cuatro, cinco, seis o siete años... Y hasta entonces a ver de qué vivimos. Aunque trabajara en otra cosa no me llegaría para para pagar", señalaba Álvarez.