Mientras los hosteleros hacen cuentas para mantener sus negocios abiertos, entre la DGA y el Ayuntamiento de Zaragoza sigue subiendo la tensión en torno al plan de rescate de uno de los sectores más azotados por la crisis del covid-19. El consistorio anunció este jueves nuevas condiciones para adherirse al proyecto que no sentaron nada bien en el Pignatelli. El consejero de Hacienda, Carlos Pérez Anadón, las interpretó como "una marcha atrás", un "frenazo" que dificultará el entendimiento. Pero el presidente aragonés, Javier Lambán, fue más contundente y aseguró que "el Ayuntamiento de Zaragoza no deja de poner excusas y palos en las ruedas" a un plan de ayudas que "le ha gustado a todo el mundo menos al consistorio zaragozano" y acusó al equipo de Gobierno de la ciudad de buscar un "trato privilegiado" que ya dejó claro que no conseguirán.

La concejala de Economía del Ayuntamiento de Zaragoza, Carmen Herrarte, fue la primera en mover ficha este jueves al anunciar que había solicitado un segundo encuentro con el consejero de Hacienda para trasladarle tres condiciones: que no haya límites de aforo en la hostelería para primar la calidad del aire, tener poder de decisión en la concesión de las ayudas y aprobar otro convenio para apoyar a otros sectores en dificultad.

 

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Según la concejala, ser el "socio principal" de la DGA para sacar adelante el proyecto "no es solo ponerlas", en referencia a la cuantía que deberá destinar el consistorio y que no está clara. Según explicó, van a exigir que sea el equipo de Gobierno de Zaragoza de PP-Cs el que apruebe las bases de las ayudas. "Es lo lógico", aseguró, tras lamentar que todavía desconocen cuánto tendrán que aportar al plan, que sigue sin fecha para empezar a ejecutarse. "Ya hemos oído tres cifras, desde 5 millones, a 4, y la última de 3,5", criticó, aunque fue ella misma quien el lunes habló por la mañana de 4 millones, y de 3,5 por la tarde. 

Desde el ayuntamiento solicitan la firma de un convenio cuantificado para apoyar a los subsectores «que no se han atendido debidamente». Por último, desde el consistorio insisten en que hay que diseñar un protocolo para garantizar la calidad del aire en el interior de los negocios. Esta debe ser una de las prioridades ya que, según Herrarte, evitaría reducir de forma genérica y drástica los aforos. Al consejero de Hacienda le sorprendió este anuncio repentino de la concejala, que se produjo tres días después de que se celebrase la primera reunión entre ambas instituciones en la que nada se dijo de estas condiciones.

Pérez Anadón ya avanzó que las declaraciones de Herrarte eran "una marcha atrás", más bien, "un frenazo de lo que fue el encuentro del lunes que, en principio, fue positivo". "No quiero evaluar las razones por las que Herrarte tiene una posición mucho más retractaria", declaró el consejero, que en principio aspiraba a que este paso municipal fuera "simplemente un nubarrón" pasajero.

Pero el presidente autonómico exigió directamente al Gobierno municipal de Zaragoza "que asuma su responsabilidad" con la hostelería y recordó que "no pueden esperar tener un trato privilegiado". "Institucionalmente, merece el mismo respeto que cualquier otro ayuntamiento y no puede invocar ninguna clase de privilegio", insistió. Recordó que se trata de un acuerdo "que no admite modificación porque ya está adoptado", que fija la participación de los ayuntamientos en el 20% y que «lo único negociable» es cómo se financia esa parte. Además, anunció que la orden de la convocatoria de las ayudas se aprobará en el próximo Consejo de Gobierno, salvo grandes imprevistos.