El vertedero de Torrecilla de Valmadrid, en Zaragoza, debería estar sellado desde 2019, pero los problemas de financiación y las diferencias entre el Gobierno de Aragón y el ayuntamiento han frenado la ejecución de estos trabajos. Una actuación obligatoria por los daños medioambientales y el impacto en la salud de las personas que provoca tener los residuos al aire. Por si fuera poco, Aragón se expone a ser sancionado por la Unión Europea, que dio de tiempo hasta final 2019 para dejar bajo tierra estos restos.
La historia viene de lejos. Las instalaciones se inauguraron en 1987 y se clausuraron en 2009. Durante años acumularon las basuras y residuos de la capital aragonesa y 62 municipios de su entorno, hasta 16,4 millones de toneladas de basura en una superficie de 67 hectáreas.
El acuerdo de financiación
Cinco años después del cierre del centro, la DGA, el ayuntamiento y la Diputación de Zaragoza (DPZ) alcanzaron en octubre de 2014 un acuerdo de financiación para cubrir las instalaciones y, de las tres Administraciones, la única que no ha cumplido su parte del trato ha sido el Gobierno de Aragón.
Por eso, el Gobierno de Jorge Azcón decidió la semana pasada volver a enviar un requerimiento al Ejecutivo solicitándole el cumplimiento de los «compromisos adquiridos», es decir, que aporte los 11.307.035 euros pendientes para acometer la fase final del proyecto.
No parece que la respuesta vaya a ser la esperada porque desde el Pignatelli ya han dicho en más de una ocasión que el convenio ha caducado, señalando como responsable de la demora al ayuntamiento.
Nuevo convenio
Para tratar de salvar este escollo, desde la casa consistorial proponen que se lleve a cabo la firma de un nuevo convenio interadministrativo que «ampare» el compromiso financiero que ya adquirió en su día la DGA, en 2014.
Aprobado por el INAGA, el proyecto del sellado del Centro de Tratamiento de Residuos se dividía en tres fases. La primera corrió a cargo de la DPZ, que invirtió dos millones de euros con cargo al plan de barrios rurales para realizar los trabajos preliminares, como la preparación del terreno.
Posteriormente, el ayuntamiento asumió su parte, y selló la zona en la que se encuentran depositados los desperdicios domésticos, para lo que invirtió 8 millones de euros.
La tercera fase, la de la DGA
La tercera y última fase, que debía haberse ejecutado entre 2017 y 2019, corría a cargo del presupuesto del Gobierno aragonés, que debía financiar el cubrimiento del terreno en el que se sitúan los residuos industriales no peligrosos e inertes procedentes de la construcción, cuya competencia es autonómica.
Atendiendo al convenio firmado en 2014, de los 11,3 millones, la DGA debía aportar 3,5 millones de euros en 2016, otros 3,5 en 2017 y 4,3 en 2018.
Según el expediente municipal, y como se recoge en el informe del INAGA, todavía hay 187.756 m² de residuos industriales no peligrosos con 4.309.379.992 kilos sin cubrir. Mayoritariamente, de la producción y transformación de pasta de papel y cartón.
Hay otras dos áreas pendientes de 48.280 m² y con 4.791 m² con 6.510.443.456 kilos de residuos, principalmente de arenas y escorias de fundición y escombros y tierras.
Desde el consistorio precisan que el Gobierno de Lambán recibe fondos europeos para cumplir con los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) con los que podría financiar esta actuación y consideran que «no se puede desaprovechar esta oportunidad para cumplir con lo más esencial, que es el correcto sellado del vertedero».
