"La postura de la organización con mayor representación en el Consejo de la Guardia Civil es totalmente contraria a esta privatización". Y así se lo hicieron saber ayer los vocales de la Asociación Unificada de Guardias Civiles (AUGC), a la que está afiliada la mitad de la plantilla, a los máximos responsables del cuerpo, con los que mantuvieron una reunión. Fuentes de la organización calificaron de "incomprensible" que el Gobierno central haya decidido "en una época de crisis, con ajustes y recortes, relevar a la Guardia Civil de las tareas de seguridad y colocar a vigilantes privados, que además van a salir más caros". Las mismas fuentes aseguraron que la proximidad de la privatización "ha creado desasosiego en la plantilla. La gente no sabe si puede iniciar los trámites de escolarización de sus hijos para el próximo curso, si podrán seguir viviendo en sus casas o si les van a cambiar de destino". "Tenemos un sentimiento de expropiación", ironizaron, en referencia al conflicto petrolero entre España y Argentina. Los responsables de la AUGC consideran que esta iniciativa privatizadora del Ministerio del Interior "no obedece a principios de seguridad y de eficacia". Pese a insistir en su "oposición frontal" a la medida, los guardias son conscientes de estar ante una decisión gubernamental y de que tienen poco que hacer. "Esto son lentejas".
