El Justicia de Aragón, Fernando García Vicente, ha recomendado al Ayuntamiento de Epila que, cumpliendo con la Ley 22/2011, de 28 de julio, de residuos y suelos contaminados, limpie una zona de este municipio zaragozano donde se han acumulado chatarras y suciedad e inicie los trámites para su descontaminación por gestores autorizados.
En una sugerencia, el Justicia resuelve de esta forma la queja planteada por un ciudadano el 26 de octubre de 2011, en la que se exponían los problemas existentes en una calle de esta localidad a causa de la actitud de un vecino que acumula "un gran número de vehículos fuera de uso, que manipula sin ningún cuidado y contaminando el suelo que ocupan, arroja las basuras fuera de los contenedores y en las fincas colindantes, inunda la calle de suciedad y obstáculos para el tráfico".
El ciudadano señalaba que esta situación se ha prolongado durante "casi diez años", a pesar de las denuncias formuladas ante el Ayuntamiento y el Departamento de Medio Ambiente del Gobierno de Aragón, "con las consiguientes repercusiones en el medio ambiente y molestias continuas a los vecinos".
Tras admitir a supervisión esta queja, el Justiciazgo se dirigió al Ejecutivo autónomo y al Consistorio para recabar información sobre esta cuestión. El Ayuntamiento contestó, adjuntando un informe del arquitecto técnico municipal, que no era posible saber en qué parcela de esa calle se producían los problemas, a lo que el Justicia recordó que el consistorio ya había sido informado de estos problemas con anterioridad por los ciudadanos afectados.
En su segundo escrito al Consistorio se adjuntaron fotografías recientes en las que se observaba el lugar exacto y se apreciaba la necesidad de intervenir, si bien no se obtuvo respuesta por parte de la institución municipal.
Respecto al Ejecutivo aragonés, la contestación del Departamento de Medio Ambiente indicaba que tampoco tenían constancia de denuncias recientes de este problema y alegaban que los vehículos abandonados, como residuos domésticos, dependen de las entidades locales, si bien el Gobierno aclaró que en el municipio de Epila "no hay constancia de ningún centro autorizado para llevar a cabo el tratamiento de los vehículos al final de su vida útil".
Problema importante de suciedad
En las consideraciones jurídicas, el Justicia señala que en esta calle de la localidad, por la documentación estudiada, "existe un problema importante de suciedad y contaminación producida por la acumulación de chatarras procedente de vehículos que han sido desguazados o se hallan en este proceso y el Ayuntamiento es conocedor del mismo, bien porque lo han puesto de manifiesto los ciudadanos que se consideran perjudicados por esta situación, a través de preguntas presentadas por los grupos políticos municipales al Pleno o por directa comprobación de responsables municipales".
En este mismo sentido, apunta que "de la misma forma que el Ayuntamiento intervino en su momento trasladando a la zona de los Cabezos los vehículos abandonados y chatarras existentes junto al cementerio, debe proceder a la retirada de estos, gestionando su descontaminación con un centro de tratamiento de esta clase de residuos y repercutiendo, si es posible, el coste de esta gestión en sus productores o poseedores".
Por otra parte, García Vicente recuerda al Consistorio su obligación de colaborar con el Justiciazgo, ya que aunque contestó a la primera solicitud de información, en el caso de las siguientes "no se volvió a tener noticia del mismo, sin que atendiese los diversos escritos remitidos a tal objeto".
