El balance de fin de curso de la consejera de Educación de la DGA en el pleno del Consejo Escolar se convirtió ayer en una protesta más silenciosa pero igualmente contundente contra la política de recortes educativos del Gobierno. Con la excepción del PP, la Fecaparagón (Padres de la concertada), los representantes sindicales de la concertada y la propia Administración, todos los intervinientes en el pleno pidieron la dimisión de Dolores Serrat: los cinco sindicatos de la educación pública, IU, CHA, PSOE, Fapar (Padres de la pública), la asociación de estudiantes y el Movimiento de renovación pedagógica.
Según expuso José Manuel Larrodera, secretario general de la Federación de Enseñanza de CCOO Aragón, el motivo para pedir la dimisión de la consejera no son solo los recortes --"que podían haber recurrido, como hicieron otras comunidades autónomas"-- sino que estos se han aplicado más allá de los límites exigidos. "Por ejemplo, la instrucción no hablaba de eliminar la reducción horaria de los profesores que tuvieran una sola clase por centro, ni de los encargados de la biblioteca. Esta prohibición es un menosprecio a la importancia de las bibliotecas en los centros escolares", aseguró.
Para el presidente de Fapar, Juan Ballarín, lo que iba a ser un Pleno sobre planes de futuro se convirtió en una retahíla de "recortes, recortes y más recortes". Según Ballarín, la consejera expuso una serie de datos "dejémoslo en muy bien matizados, pero que atentan contra la inteligencia de los ciudadanos", teniendo en la otra mano "los datos que nos remiten los propios centros sobre los recortes que están llevando a cabo".
La consejera mostró su "respeto" por las opiniones de los intervinientes, pero opinó que el pleno no era "el foro adecuado" para pedir su dimisión. Y desde luego, dejó claro que no piensa presentarla.
