La decisión del Ministerio de Sanidad y Servicios Sociales de suprimir, a partir del 1 de enero y "en aplicación de un criterio de racionalización y eficacia administrativa", las partidas con las que subvencionaba la teleasistencia, suscitó ayer reacciones diversas entre las instituciones afectadas en Aragón.

Desde el Ayuntamiento de Zaragoza, que presta el servicio a unas 9.000 personas --de los 16.000 de todo Aragón--, para lo que ha destinado este año 1,7 millones de euros, su consejero de Acción Social, Roberto Fernández, optó por arremeter contra el Gobierno autonómico, al que tildó de "miserable y bananero" por no aportar la cantidad que dejará de traspasar Madrid --en el caso de la capital aragonesa, 1,4 millones--.

Tras advertir de que al consistorio "le van a explotar las costuras porque gestionamos 10 millones que debería aportar el Gobierno de Aragón", el responsable municipal de esta área en el consistorio aseguró, no obstante, que harán "un nuevo esfuerzo" para atender a quienes necesitan el servicio en la capital.

PRESUPUESTOS Fuentes del Ejecutivo autonómico, que recordaron que solo es competencia suya la teleasistencia para dependientes y no para las personas válidas, insistieron en que, por primera vez, sus presupuestos recogerán una partida de 1 millón de euros para este fin y que "en breve" el consejero Oliván se reunirá con ayuntamientos y comarcas para "unificar criterios y cruzar datos", para optimizar el servicio.

Esa reunión ya tuvo lugar la pasada semana con los presidentes de las diputaciones. La de Huesca, que atiende a unas 4.000 personas, espera "mantenerlo". Así lo apuntó ayer su presidente, Antonio Cosculluela, que recordó que su aportación es de 560.000 euros, lo mismo que ponía el ministerio.

A través de su diputado delegado, Carlos Sánchez Boix, la de Teruel --1.200 asistidos y 280.000 euros de dotación propia-- fue la más tajante. "No vamos a quitar el servicio", señaló. Fuentes de la diputación zaragozana, que atiende a 2.300 personas y pone 190.000 euros propios, dijeron esperar "que la DGA compense la eliminación estatal".