El clamor por la necesidad de la regeneración llega a todos los sectores. Empresarios y sindicatos reclaman a los partidos que tomen medidas efectivas para frenar el descrédito no solo de la función pública, sino de la propia marca España. Unos y otros coinciden que han fallado los controles a todos los niveles y que no se ha sido lo suficientemente contundente con los corruptos. Insisten en que el actual modelo está agotado y que es necesario remodelar el sistema para acercarlo a los ciudadanos.
Por parte de la patronal, el presidente de Cepyme Aragón, Aurelio López de Hita, muestra su "perplejidad, disgusto y desazón" por todo lo que está pasando. "Ya no como representante de un determinado sector de la sociedad, sino simplemente como ciudadano", admite. Casos como el de Bárcenas condicionan "la actitud de la gente, que está cada vez más cabreada, y con razón".
"A la difícil situación económica, con una crisis profunda y prolongada, se suma la corrupción que ahora está aflorando y que en nada ayuda a cambiar el rumbo", lamenta. "Faltan órganos de control con capacidades reales, normas más rígidas y claras para castigar a los que cruzan la línea roja y una campaña de educación para recuperar los valores morales y éticos", destaca.
La legitimidad del voto
El presidente de la patronal aragonesa y vicepresidente de la CEOE, Jesús Morte, "tiene dudas razonables" a la hora de confiar en Rajoy, aunque destaca la legitimidad que le dan "12 millones de votos". En una entrevista concedida a este diario, el empresario aragonés considera que "sería tener mucha cara, y no creo que este hombre sea de estas características, para hacer una declaración desmintiendo todo y que luego fuera todo verdad".
Morte piensa que estas informaciones sobre el Caso Bárcenas han sido "un campanazo en toda la línea de flotación del Gobierno" que afecta a la hora de gobernar, y piensa que si estos casos "van a más, habrá que tomar medidas".
Los sindicatos
El secretario general de UGT Aragón, Julián Lóriz, muestra su "preocupación" porque el "deterioro" del empleo y la situación social, se una la "corrupción". Y todo ello "quiebra la moral y la confianza en las instituciones y en los representantes públicos", lamenta. "Es una lacra para los cimientos mismos de la sociedad y de la democracia", dice.
Ante ello, al modo de ver del dirigente ugetista, habría que "cortar con radicalidad" cualquier caso de estas características. "No sirven los paños calientes. La respuesta debe ser muy clara. Porque lo que no es de recibo es que un delito no reciba su pertinente castillo. Por eso sería importante que no prescribieran", explica. Además de apartar a los corruptos, Lóriz es también partidario de castigar a los que "corrompen". "La legislación tiene que ser más clara y más contundente", destaca.
Julian Buey, secretario general de CCOO, reclama "más autocontrol" y un papel "más firme" de la Justicia, para acabar con una corrupción que desprestigia el sistema, "merma la credibilidad" y provoca "injustas generalizaciones". Buey es partidario de medidas más exigentes y transparentes "que la mera publicación de elementos tan evidentes como la declaración de la renta", en la que aparece todo lo legal. "Es un lavado de cara para no profundizar en el asunto. No deberían limitarse a pactos de buenas palabras". Considera que una buena idea sería la publicación de movimientos bancarios.
"Sería interesante una mayor claridad por parte de los responsables de lo público, entre sus ingresos y sus gastos", sugirió el dirigente de las Comisiones Obreras, quien pidió además una mano más dura contra "los corruptores", los que evaden impuestos o los que favorecen que haya un 25% de economía sumergida.
El presidente de CSIF, Pablo Asín, es partidario de que los delitos de corrupción no prescriban y que se castiguen "sin contemplación". "Esto se debe atajar rápidamente. Para ello son necesarios unos órganos de control que sean efectivos", dice. Apuesta por las medidas legislativas y judiciales. "La ciudadanía se queda boquiabierta porque ve que después de todo el revuelo y el escándalo nadie va la cárcel. Y esto no puede ser", lamenta.
El peso de la ley
Tampoco le sirven medidas como la publicación de las rentas de los políticos. "Eso no es transparencia, es solo un maquillaje. El problema viene de atrás y tiene que actuar todo el peso de la ley", explica el representante de los empleados de la función pública. Irene de la Cuerda, responsable de la CGT en Aragón, es contundente al apreciar que es necesaria "la organización de la ciudadanía" para recuperar la calle y denunciar un sistema que favorece desde hace 30 años la corrupción. De la Cuerda considera "imprescindible" alimentar "el tejido social" para que este sea exigente con sus dirigentes públicos y que estos asuman sus responsabilidades.
